Sombras del soberanismo

La debilidad de pensamiento conspira en la opinión pública con la pasión partidista, la insinceridad y otros artífices de la confusión, que conviene disipar con la luz del sentido y los datos contrastables. De ahí que, antes de hablar de sus paradojas, me permita recordar la clarificadora acepción RAE de soberanismo: «Movimiento político que propugna la soberanía de un territorio». Por tratarse de un movimiento político, supone organizaciones rectoras, que serán clandestinas o no, dependiendo de si, el Estado soberano del territorio en disputa las trata como lo que son, un casus belli, o las busca acomodo jurídico-político. La existencia de organizaciones y partidos soberanistas legales en un Estado es señal inequívoca de se ha optado por el segundo camino.

Sin embargo, la integración jurídico-política no satisface la razón de ser del soberanismo, que sigue moviéndose y se sitúa después de ella en la paradójica situación de ser instituciones legales que buscan un fin ilegal por todos los medios a su alcance, con frecuencia también ilegales y por eso encubiertos. Porque esta paradoja sólo se resuelve cuando el Estado reconoce su pretendida soberanía, es responsabilidad específica e irrenunciable de los poderes del Estado, que representan al pueblo soberano, mantener la acción política del soberanismo dentro de la legalidad vigente en que se integra y que tiende a transgredir.

Nuestra Constitución del 78 legalizó partidos soberanistas vascos y catalanes, estableció regiones autónomas, y reconoció su autogobierno, pero no la soberanía sobre el territorio. Como era de esperar, el soberanismo creció y se multiplicó, hasta llegar a una fase siniestra con la ley de Amnistía en trámite. Antes eran los gobiernos y administraciones soberanistas de las regiones autónomas vasca y catalana, los que servían a los fines del soberanismo contra el soberano español; ahora es el PSOE quien lidera el bloque soberanista, que tiene el gobierno de España, controla su Parlamento y presiona sin pudor sobre su poder judicial que sostiene en precario la legalidad vigente.

¿Han pensado los líderes del PSOE en la reacción del rebaño autonómico español ante el reconocimiento de dos hermanas mayores como 'estados libres asociados', o que reconocer un Estado no tiene marcha atrás? Ciertamente, son conscientes de lo que están haciendo, al seguir una estrategia soberanista y someter a sus fines los poderes del Estado; y confían en que la debilidad de pensamiento lleve a nuestra opinión pública a asumir la tesis soberanista del 'conflicto político'catalán y vasco, que así planteado sólo puede tener una resolución: el reconocimiento de la propugnada soberanía vasca y catalana, en detrimento del soberano español.

Pero entonces la paradoja inicial rebrota mutada como paradoja del referendo soberanista: por no representar a un pueblo soberano, el censo electoral del soberanismo es un constructo ilegal que invalida de entrada el resultado de la votación y así la legalidad del referendo. En nuestra democracia, por ejemplo, un referendo soberanista legal en Cataluña supondría que la población catalana, además de ser soberanista, fuese soberana, cosa que ciertamente no es, mientras no lo reconozca así el soberano español; y demandar legalmente este reconocimiento es inviable, por suponer la victoria de un referendo soberanista legal y vinculante. Sólo la consulta previa al soberano español puede resolver esta paradoja.

Los acuerdos del PSOE con Junts evidencian que sus líderes son conscientes de esta paradoja. Junts propone en ellos resolverla mediante «la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución», suponemos que 'espanyola', o sea, sin su Título primero. El PSOE, por su parte, «defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut [sic] de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya [sic]», en el marco de la mutilada Constitución espanyola, suponemos. Pues sólo en tan patético marco podría tener algún viso de desarrollo legal semejante trading places tragicómico.

Podría resultar divertida la cursilería soberanista del acarreo de urnas y referendos, con el que se intenta engañar a los españoles, en particular a los catalanes, si no fuera porque, con su abuso obsceno y fraudulento, devalúa esos procedimientos capitales y hasta simbólicos del Estado democrático; especialmente ahora que los representantes políticos agotan las últimas cimbras, para preservar nuestro arco democrático de las sombras soberanistas, y no cabe descartar a tal fin en el inmediato futuro la exigencia de una consulta al pueblo español soberano.