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El asesinato de un bebé de menos de un año y de su madre en Liaño de Villaescusa, Cantabria, ha conmocionado a todos los cántabros ... y ha vuelto a evidenciar la diferencia que existe entre las palabras, las promesas y la realidad. El doble crimen ha conmocionado a todos los españoles y especialmente a los cántabros porque el dolor se rige por el axioma periodístico según el cual el impacto de una noticia es inversamente proporcional a la distancia del lugar del suceso. Tras este doble asesinato se ha vuelto a repetir la escenografía habitual: lógicas y justificadas concentraciones de repulsa, llamamientos para incrementar las medidas de protección hacia las mujeres amenazadas y la letanía de mejorar la educación de los jóvenes para que se formen en unos valores éticos adecuados, para que rechacen la violencia.
Estas manifestaciones son necesarias y útiles para activar la conciencia de que el problema de la violencia machista, del feminicidio que mantiene unas cifras inasumibles, debe de terminar de una vez por todas. El problema es que, tras unos días de manifestaciones, declaraciones y algún artículo en los medios de comunicación, nada sustancial cambia. Las iniciativas propuestas son siempre las mismas y el resultado está a la vista: educar a las nuevas generaciones para que entiendan que el amor no es compatible con el sentido de la propiedad, explicar en las aulas la igualdad entre hombres y mujeres, etc. no han ofrecido resultados tangibles. La Constitución está vigente desde hace más de cuarenta años y en esas cuatro décadas se han modificado los planes de educación para que contemplen la formación de los jóvenes en igualdad y con repulsa a la violencia, en especial la machista. El resultado ha sido una leve reducción de los feminicidios, pero en paralelo se mantienen cifras inasumibles de mujeres asesinadas por su parejas o exparejas.
No se proponen nuevas medidas y tal parece que baste con el lamento y la pancarta tras la aparición de nuevas víctimas. Es evidente que por mucho que se legisle siempre habrá un puñado de malvados y descerebrados que cometa crímenes tan salvajes como el sucedido hace días en Villaescusa. No es posible destinar un policía, veinticuatro horas durante meses o años para proteger a cada mujer amenazada. Lo que si es posible es adoptar medidas que mejoren los sistemas de protección. La primera incrementar la plantilla de los cuerpos policiales, de forma que se puedan atender las situaciones de riesgo. En el caso del doble crimen de Villaescusa los indicios de la investigación apuntan a que con más dotación de la guardia civil podría haberse detenido al presunto asesino antes de cometer el delito, ya que había quebrantado la orden de alejamiento. Una de las razones por las que no se mejora la dotación policial reside en el rechazo de algunos partidos de extrema izquierda a dotar con más personal las plantillas policiales. Otras excusas se basan en el incremento del coste y en las estadísticas que indican que España es un país con bajos índices de criminalidad.
Una constante tras los casos de crímenes machistas es que no se plantea, por ninguna fuerza política, agravar las penas a los autores. Por esa razón hemos asistido a casos en los que un asesino ha vuelto a matar tras cumplir su condena. No es ocioso recordar que tras un juicio se informa de la pena impuesta que suele ser de veinte o más años de cárcel. Lo que se esconde es que en realidad el condenado obtiene la libertad mucho antes, primero con permisos y más tarde por haber cumplido una parte de la condena. La carencia de información sobre el seguimiento de los presos por crímenes machistas funciona como un anestésico para la opinión pública.
En el caso del asesinato de Eva Jaular y su bebe de 11 meses el fiscal se plantea pedir la prisión permanente revisable. Esperemos que en esta ocasión sean pocas, o ninguna, las voces que se alcen para denunciar esa condena por excesiva. El ejemplo de la aprobación de la «permanente revisable» sirve para comprobar que medidas proporcionales y equitativas generan, en el momento de su tramitación, un rechazo minoritario, bien amplificado por algunos partidos y asociaciones, pero que al cabo de poco tiempo esas medidas son plenamente aceptadas por la sociedad.
Tras el caso de Villaescusa resulta razonable que los legisladores, los diputados en el Congreso, tomen la iniciativa para agravar las penas a ese tipo de delincuentes de manera que tras las palabras y los gestos lleguen los hechos.
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Ana del Castillo
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