Un gobierno sin límites

El propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha sido ministro del PSOE y candidato autonómico del PSOE, ha señalado al Gobierno Sánchez por mentir en relación con la muerte de decenas de inmigrantes en la valla de Melilla, dentro de territorio español. Y aún el señor Marlaska no ha sido capaz de dimitir, ni de dar las debidas explicaciones. No hay que ser adivino para imaginar qué hubiera ocurrido si todas esas víctimas africanas (ni siquiera se sabe el número exacto, tal es el oscurantismo en torno al trágico episodio del pasado 24 de junio) se hubieran producido con un ministro del Interior del PP. La izquierda hubiera intentado hasta meterlo en la cárcel. Pero, como el ministro es 'progre', las responsabilidades no se asumen, ni tampoco se las reclaman. Fallecieron como mínimo 23 personas. Posiblemente fueron bastantes más. El Gobierno del PSOE y Podemos mira a otra parte: ataca a los jueces que cumplen con su trabajo y defiende a los que tiene como gobernantes irresponsables en su propio seno.

No soy el primero en subrayar que Pedro Sánchez es el primer presidente de la democracia que ha faltado a su palabra gravemente en cuestiones de calado. Dijo que no podría dormir si tuviera que hacer una coalición con Podemos. No solo duerme, sino que quiere seguir durmiendo otros cuatro años con ellos. Dijo que lucharía contra la corrupción, pero ahora rebaja las penas por malversación incluso a personas cuyo caso explotó electoralistamente con una indignación impostada e insincera. Dijo que no favorecería a los secesionistas como Carles Puigdemont y está haciendo todo lo contrario. Pronto veremos al mayor golpista de la historia reciente de España pasearse tan tranquilo por nuestro país, y encima sacando pecho de lo bien que ha vivido en Europa mientras huía de las consecuencias penales de sus actos. Pronto veremos también al señor Oriol Junqueras en las Cortes o el Parlament de Cataluña, crecido por hacerse la víctima cuando en realidad ha sido un privilegiado y un verdugo de los derechos de los demás. Sí, un privilegiado: cualquier persona que hubiera hecho en Francia o Italia o Alemania lo que hizo él desde el Gobierno de Cataluña, declarar independiente una región desde un parlamento como el de Baviera, Lombardía o Córcega, estaría sirviendo una larga pena de prisión en su país. El PSOE argumenta en vano diciéndonos que la supresión de la sedición nos 'europeíza': lo único que hace en sembrar las semillas de otro 'procès' dentro de unos años, más virulento aún y que nos sabemos si se podrá gestionar. Y pretender culpar de ello al PP es ya el colmo del sofisma, cuando el propio PSOE ampara el incumplimiento de los derechos lingüísticos en Cataluña y permite que se estigmatice la lengua común a todos los españoles.

Ello, por no abundar en los tratos de favor que están recibiendo presos de la banda terrorista ETA, muchos de los cuales ni siquiera han pedido perdón por sus crímenes y por el daño que causaron a tantas familias y a una ciudadanía que solo quería convivir en paz, libertad y democracia.

No parece difícil de entender el hecho de que, si las sanciones por conductas delictivas se suavizan, lo que aumentará es el incentivo a seguirlas cometiendo. Por tanto, ¿cuál es el motivo real detrás de todos estos absurdos legislativos? No se busque razonamiento de interés general, sino puro cálculo de partido. Para el señor Sánchez, mantener la coalición con Podemos es más importante que proteger los derechos de las víctimas de abusos; mantener su coalición de facto con Esquerra Republicana de Cataluña, más importante que disuadir contra nuevas manipulaciones de las instituciones de todos contra la Constitución de todos; congraciarse con Bildu, más importante que acabar con cualquier rescoldo de legitimación de los años de la vergüenza de ETA.

Es decir, en España la versión Sánchez del PSOE (hay otras, me consta y las aprecio, pero por desgracia no son las que dirigen la nave) ha convertido la política en pura ocupación del poder y donde todo vale, incluso faltar a la palabra dada a toda la nación y fallar a las víctimas de delitos abyectos. Presidente desatado, país sin rumbo. Es necesario que el electorado ponga fin, cuando sea convocado a las urnas en 2023, a esta deriva tan preocupante.

Llegados a este punto, estoy convencido de que a partir del próximo año, solamente con un nuevo Gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo, España como país será capaz de recuperar el prestigio perdido por el actual Gobierno, que pasará a la historia por haber sido el Gobierno que, en el actual periodo democrático, más ha devaluado las instituciones de España en tan breve espacio de tiempo.