El gobierno pierde crédito con los bandazos frente a la pandemia

En efecto, resulta poco presentable que Revilla se pronunciase al inicio de la semana en contra de cerrar el interior de los locales hosteleros, porque no veía la medida muy eficaz, porque entendía que es necesario conciliar salud y actividad económica, más cuando se trata de un sector que tiene en los meses de verano su gran desafío, y apenas unas pocas horas después su Gobierno actuase con un rigor en las prohibiciones sin parangón en ninguna otra comunidad.

Revilla no es, no debe ser, un simple comentarista de la actualidad sino el jefe del Ejecutivo regional, obligado a respaldar las decisiones desagradables que proponen sus consejeros o en su caso a imponer su autoridad y su criterio, en función de los diversos factores, los sanitarios pero también los socio-económicos, en una crisis larga y difícil como es la pandemia, máxime cuando llegan indicadores tan funestos como la EPA del segundo trimestre. Ampararse exclusivamente en los argumentos de los expertos de la Consejería de Sanidad no resultaba una coartada convincente.

Enseguida se lo hicieron saber al presidente los hosteleros con su recurso judicial y con nuevas movilizaciones, la CEOE y los partidos de la oposición, mientras las redes sociales y la conversación ciudadana resucitaban el episodio de la comida y el puro de Revilla en un restaurante de Santander hace unas cuantas semanas. Las críticas aluden al discutido procedimiento del 'semáforo covid', que propicia las limitaciones generalizadas, y tampoco han faltado sospechas del impacto desigual de la prohibición, que condenaba a Santander y salvaba a Torrelavega y a los municipios gobernados por el PRC de Revilla. Gema Igual, alcaldesa de la capital, se erigió como abanderada del PP en la protesta contra el golpe a la hostelería y los socialistas más disciplinados intentaron justificar las medidas con ataques a la política socio-sanitaria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

El Gobierno de coalición ha tenido que dar marcha atrás de forma rápida y bastante humillante y la resolución del TSJC ha sido la puntilla a su patético itinerario en zig-zag. Las costuras del pacto PRC/PSOE se han vuelto a resentir como en mayo, en el final del estado de alarma, cuando los dos partidos se las tuvieron tiesas por la dureza de las restricciones de los socialistas que habían causado más daño político a Revilla que a nadie. Entonces, como ahora, las prohibiciones fueron anuladas de un día para otro.

Esta vez, ya no es que faltara cohesión, sino que la comunicación interna y externa del Ejecutivo ha sido penosa. Todavía en la mañana del martes, en el PRC creían que la Consejería de Sanidad barajaba medidas más flexibles para atenuar el impacto en la hostelería: uso de PCR, reducción de aforos, el 'pasaporte covid', que para eso lo expide la Administración regional..., pero unas horas después llegaba el bombazo del cierre de interiores en 19 municipios. Algunos alcaldes de todos los partidos se enteraron por los medios de comunicación de las inminentes restricciones en los municipios que rigen.

A modo de pequeña venganza y consolación, el presidente Revilla, en su discurso del Día de las Instituciones en Puente San Miguel, propinó un 'latigazo' al consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez, desautorizado por el Gobierno del que forma parte y luego por los tribunales, por su ausencia en esta conmemoración, que dicho sea de paso, ahora e incluso en el mundo anterior de la pandemia, le falta contenido cultural y arraigo popular para ser de verdad la fiesta de exaltación regional que está plenamente justificada por la historia de la constitución de la provincia de Cantabria el 28 de julio de 1778.

Los sucesivos bandazos, las turbulencias entre PRC y PSOE y los varapalos judiciales restan crédito al Gobierno bipartito porque revelan que no hay un plan sólido para hacer frente a la pandemia, y lo peor es que todo el mundo se da cuenta. Revilla prefiere insistir en su discurso optimista: la crisis se superará con las vacunas y con los fondos europeos para La Pasiega, el Mupac y lo que venga. En la Conferencia de Presidentes de Salamanca no quedó clara cuál será la cuota de Cantabria. El vasco Urkullu ya se cobró por adelantado su presencia en la capital salmantina y Aragonès ni siquiera se dignó ir, porque ya sabe que Cataluña será la comunidad más beneficiada en el reparto.