Más gobierno y más política

Los gobiernos, siempre y ahora más que nunca, han de ser los principales actores en una lucha contra el cambio climático que supone, no ya una oportunidad, sino una obligación de cambiar las políticas, liderando un cambio de modelo, de raíz, de potente implicación socioeconómica y garante de la viabilidad de nuestra especie, como se reconoció en París. Por ello, esta COP25 debería culminar el desarrollo del Acuerdo de aquella Cumbre de 2015, que a partir de 2020 sustituirá al Protocolo de Kioto, poniendo sobre la mesa contundentes compromisos en forma de planes de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, algo que obliga a todos los Estados, aunque en el momento de escribir estas líneas apenas cuarenta lo han hecho.

Porque ya no se trata de informar y concienciar sobre un problema científicamente indiscutible. La agenda mundial exige reaccionar y actuar urgentemente a los gobiernos, y la sociedad exigir de éstos medidas sin demora para evitar una crisis climática irreversible, mientras nos quede tiempo, y el poco que resta lo es para las políticas y para una estrategia internacional común. Y porque alimentar conciencias, proclamar discursos centrados en la dimensión individualista, en «cambia tú las cosas, hábitos de consumo, comportamientos, etc», deben subsidiarse a la acción política; a las medidas efectivas que pongan en marcha los gobiernos frente a dañinos modos de producción y el «beneficio económico insostenible», en la línea de lo que ya hace trece años se atrevió a poner de manifiesto el lúcido Informe Stern.

Es tiempo para la política, para los gobiernos; pero ya viene tardando. Y es cada vez más necesario lo más urgente… En todo el mundo y aquí también. Porque los estremecedores datos sobre los efectos del cambio climático no tienen fronteras para manifestarse, y Cantabria no es ajena a ello. Entre éstos, la subida de entre uno y dos grados de temperatura media anual en nuestra región desde la década de 1990, o el hecho de que tengamos todavía una de las tasas más altas de emisiones de Carbono de España.

En este escenario, la declaración de Emergencia Climática aprobada por el Parlamento Regional hace mes y medio es un paso que, no obstante, debería provocar una serie de medidas efectivas de nueva concepción y a la vez una contextualización de aquéllas que desde el Gobierno de Cantabria y, en concreto, desde la Consejería de Medio Ambiente emprendimos durante la pasada legislatura y que han de seguir estando presentes.

Desde la Consejería que presidí nos planteamos la prioritaria adopción de instrumentos normativos y financieros que permitieran desarrollar políticas ambientales en sintonía con nuestro objetivo de hacer una contribución eficaz –sostenida en el tiempo– para resolver los grandes retos ambientales que depara el futuro. De ahí la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria, con el horizonte 2030 para su desarrollo, que aprobamos en 2018 como herramienta para plantarle cara comprometiendo una dotación inicial de 45 millones de euros. Entendimos que desde Cantabria también es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero promoviendo energías limpias o transporte sostenible, aumentar los sumideros verdes de carbono aprovechando el potencial forestal de nuestro territorio, o minimizar la generación de residuos impulsando fórmulas de economía circular: una gran puerta abierta hacia un horizonte de sostenibilidad, alternativa al actual modelo de producción y consumo, y cuyo impulso formó parte de nuestras prioridades.

Lo hicimos con el Plan de Residuos, orientado a la reducción al mínimo de los desechos, la gestión de los residuos para convertirlos en materias primas o la optimización de los compostajes mediante la implantación de biorresiduos, y todo ello con criterios de eficacia medioambiental y económica y con financiación específica de más de nueve millones de euros en sus seis años de vigencia. Y dimos un paso más adelante con un nuevo Decreto de Valorización de Escorias para su uso con fines energéticos o material de soporte de obras públicas, aprovechando y reduciendo los residuos como tales. Lo hicimos mediante iniciativas como la creación de la Cátedra Institucional de Economía Circular para promover su conocimiento e investigación, contemplando la vinculación a ella de contratos de formación predoctoral y posdoctoral, la línea de ayudas al fomento de la Economía Circular desde Sodercán, el desarrollo de proyectos como la valorización de residuos no peligrosos mediante elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agroforestal, convenido entre diversas empresas y MARE, o la investigación de la posible valorización y comercialización del residuo de helechos auspiciada por el CIMA.

Una línea de trabajo marcada por el compromiso y la responsabilidad asumida en nuestra escala de gobierno, porque lamentarse por la inacción de algunos de los «grandes» para poner en cuestión la eficacia de las medidas locales es pura indolencia intelectual. La acción política no solo traspone fronteras, sino también niveles. Y Madrid 2019 tiene que concluir con políticas comprometidas, pactadas y financiadas, con calendario y objetivos. Ése es el impulso que nuestro gobierno –el de España– puede y debe liderar y al que nuestro otro gobierno –el de Cantabria– debe seguir respondiendo «desde dentro». Hoy más que nunca necesitamos una respuesta activa ante el mayor desafío ambiental, social y económico de nuestro planeta, cuyas consecuencias están sacudiendo día a día nuestras vidas. Es «tiempo de actuar».