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Un amigo andaluz que pasó algún tiempo en Cantabria siempre bromea con el volumen de cargos públicos que gastamos en una comunidad tan pequeña. Y no le falta razón. En su tierra tocan a 77.000 vecinos por diputado y a 2.800 habitantes por ... cada concejal. Aquí disfrutamos de una atención mucho más personalizada de nuestros políticos. Tocamos a 15.714 vecinos por diputado y a 530 cántabros por cada concejal. No hace falta ser un genio de las matemáticas para darse cuenta de que algo falla.
El debate sobre el adelgazamiento de los cargos públicos y ayuntamientos hace tiempo que dejó de estar sobre la mesa. Es un asunto esquivo, que no gusta, y menos en época electoral. No se quieren pisar sensibilidades ni tampoco reducir las nóminas públicas con las que se premian las lealtades en los partidos.
La última vez que se amagó con repensar el tamaño de nuestras administraciones fue en 2010, en plena crisis financiera. La entonces vicepresidenta Dolores Gorostiaga propuso «agrupar más los consistorios para hacerlos más óptimos desde el punto de vista económico».
Esos agrupamientos han sido radicales en otros países: en Gran Bretaña se pasó de unos 1.500 ayuntamientos a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596, y en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000. Pero España, no sólo Cantabria, aún no ha dado este paso, y cuenta con 8.112 municipios, tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población.
Ya en su día, Mariano Rajoy habló de ahorrar 16.000 millones de euros unificando ayuntamientos para que ninguno diese cobertura a menos de 20.000 habitantes. Pero luego la crisis económica se atenuó y el tema volvió a coger polvo en el cajón.
Aún así, Cantabria es un caso especial dentro del país. Es la única región que no ha cambiado su mapa administrativo en los últimos doscientos años. Otras comunidades han restado o sumado municipios, pero Cantabria como comunidad autónoma o como Provincia de Santander siempre ha mantenido los 102. El Gobierno cuenta con un documento que encargó en 2007 a la Universidad de Cantabria (UC) en el que se detalla un plan inicial sobre el que apoyarse para debatir una división de la región en diez o doce comarcas, y que todavía no ha salido a la luz. Ni tiene pinta de hacerlo.
Las comarcas pueden ser el modelo ideal, ya que son un punto intermedio entre el municipio, a veces demasiado pequeño para resolver problemas que se le quedan grandes, y la región, demasiado grande para dar respuesta a cuestiones pequeñas. Quizás en la próxima legislatura alguien se atreva a rescatar el proyecto de reforma de la Ley de Comarcas de 1999. O quizás a nadie le interesa hacerlo.
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