La rebelión de las togas

Está claro que en pleno año 2024 ya no hay profesión libre del escrutinio público. Ni los médicos, ni los fontaneros, ni los policías. Tampoco los jueces, aunque en otras épocas sí gozasen de cierta inmunidad de la opinión pública. Y eso no es necesariamente malo. Más bien al contrario. De hecho, el propio presidente del TSJC reprocha a los periodistas ser parte del problema al poner el foco en el nombre y apellidos de un juez que lleva un caso y no en el fondo del caso.

Estas declaraciones de López del Moral son aún más llamativas cuando él mismo está reclamando una independencia frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo. No sé dónde quedó esa independencia en noviembre del año pasado, cuando los jueces vestidos con toga se concentraron en la calle, frente a juzgados y tribunales, contra el pacto de gobierno entre PSOE y Junts y la Ley de Amnistía. O en septiembre de 2012, cuando los magistrados-jueces de Santander se manifestaron contra «el desprecio» del Gobierno de España.

La independencia debería ser un carril de doble sentido, y según los principios que rigen la organización del Poder Judicial, los jueces deben serlo –además de «inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de ley»– de forma intrínseca, por sí mismos, al margen de condicionantes externos. Y, sinceramente, hablar de independencia judicial cuando los puestos en el CGPJ los reparten los partidos políticos suena a cuento para niños.

Tampoco parece demasiado independiente señalar siempre a los políticos del mismo lado, aunque la verdad es que ha sido muy complicado para los gobiernos del PSOE acertar con las políticas en materia judicial. Es más que evidente un pensamiento conservador enraizado en la carrera judicial que ha impedido desarrollar ideas progresistas que, por otro lado, sí se han completado con éxito en otros ambientes históricamente complicados para los socialistas, como el militar.