El silencio de los alcaldes

A golpe de PSIR para construir viviendas en más suelo rústico y de recorte de protecciones ambientales en la costa, la Consejería de Fomento ha diseñado su propio Plan General de Urbanismo a medida para todo el territorio, sin tener que dar molestas explicaciones en los ayuntamientos y depender de incómodas votaciones en los plenos.

Ya hay alcaldes que se revuelven incómodos a falta de conocer exactamente cómo queda la ley. Pero nadie se queja oficialmente, de momento, por un plan que suma una buena lista de injerencias en el urbanismo municipal.

Esto explica por qué en Cantabria el PROT acumula más de 20 años de retraso y muchos Planes Generales no acaban de aprobarse nunca. Además de intereses políticos locales y de cierta desidia municipal para desarrollarlos, al Gobierno tampoco le interesan demasiados papeles que limiten su poder urbanístico.

Solo así se entiende que el hombre no había llegado a la luna cuando Colindres aprobó las normas que hoy siguen vigentes allí. El Muro de Berlín aún estaba en pie cuando Camargo, Laredo y Santoña firmaron los Planes Generales que continúan en vigor. No existían internet ni los teléfonos móviles cuando Suances diseñó el documento urbanístico que, actualmente, se mantiene en pie en el municipio. Y aún faltaban varios años para el atentado de las Torres Gemelas de New York cuando Piélagos, Santander y Castro Urdiales redactaron los documentos que aún siguen dictando su modelo de crecimiento del territorio.

La mayoría de municipios del litoral cuenta con planes urbanísticos desfasados, con ordenaciones redactadas hace treinta, cuarenta o cincuenta años que no están adaptadas a la legislación actual y con diseños urbanísticos que funcionan a golpe de modificaciones puntuales, sin una idea estudiada sobre cómo y cuánto deben crecer.

La legislación actual impone a los municipios renovar sus PGOU, y da poder al Gobierno autonómico para subrogarse las competencias si no lo cumplen. Y esto es lo que está pasando ahora, sin contar el retroceso en la protección ambiental que supone dar un cheque en blanco a la construcción en suelo rústico y en el litoral.

«Medidas como estas son imprescindibles para poner vivienda pública y privada en el mercado y dar soluciones a los ciudadanos», señaló Roberto Media. Si es un problema de suelo, Santander acumula 444 solares vacíos y no actuará en ellos hasta aprobar su nuevo Plan General. Quizás esa debería ser la urgencia y no utilizar una buena y necesaria ley, como era la de Simplificación Administrativa, para colar por la puerta de atrás una revolución urbanística de este calado.