Grava de la carretera

Estos meses de enfermedad, miedo e incertidumbre, todavía hoy, nos han demostrado que el sector primario y el medio rural son esenciales para el sostenimiento de la vida y que deben ser protegidos y puestos en valor por la Administración. Sin embargo, parece que desde el Gobierno de Cantabria y, más concretamente, desde el área regionalista, se está impulsando una Ley del Suelo que pondrá en riesgo la supervivencia de nuestros pueblos y comarcas, borrando su identidad e importancia cultural, económica, social y ambiental. Si no fue suficiente el alicatado de la costa y los montes cántabros, grabado en la memoria colectiva y con sentencias de derribo mediante, ahora también toca teñir de gris asfalto el verde de los praos pasiegos, trasmeranos, campurrianos o lebaniegos. La nueva ley en tramitación, necesaria tras casi 20 años de la aprobación de la primera, se está proyectando en sentido opuesto a lo que marcan dos de los retos comunes que tenemos: la despoblación del medio rural y el cambio climático que vive el planeta, ambos fuertemente interrelacionados. Entre otras cuestiones, la norma regionalista busca liberalizar los suelos rústicos sin exigir planeamiento urbanístico alguno o destinar suelos fértiles y de alto valor agrológico para la construcción de viviendas. Su idea para fijar población es perfecta para convertir definitivamente el interior de Cantabria en un parque temático: expulsar a las familias que todavía resisten, ligadas históricamente al sector primario y más recientemente también a servicios ecosistémicos, y sustituirlas por otras que se instalen, con suerte, durante un par de meses al año, en los terrenos que hasta ahora eran cultivables, pero sin cultivarlos. No en vano, esta intención está en sintonía con el modelo de desarrollo que llevan promoviendo décadas a través de la terciarización de la economía que llena las terrazas y las playas en verano y echa a los camareros y los turistas en septiembre. El futuro al que nos empujan es el de gente haciendo fotos y stories a aceras levantadas en carreteras sin apenas tráfico y previa tala de cagigas centenarias sanas para hacer hueco a las baldosas. No es una exageración, esto ha pasado en mi pueblo, La Cavada, en el último año.

Todo esto y más presumiendo públicamente de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, ciertamente, dudo que sepan siquiera cuántos son, o del compromiso anunciado de aprobar esta legislatura la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria de la que no sabemos nada y que ha de ser compatible con las normativas sobre el territorio por razones obvias. Lo que sí sabemos es que la Ley de Cambio Climático en tramitación en el Congreso y de mayor rango que la del Suelo de Cantabria, incluye «reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales para facilitar la preservación de los mismos», chocando frontalmente con la consolidación de la construcción en el suelo rural o fértil que busca el regionalismo.

No creo, honestamente, que la oposición frontal que merece esta Ley se vaya a producir dentro de un Parlamento que comparte el planteamiento general y la hemeroteca. Aquella que cerraba aulas y consultas rurales, defiende AVES que nunca llegan mientras muere el ferrocarril que conecta las comarcas, calla cuando se cierran farmacias o cajeros en los pueblos y su idea de creación de empleo pasa por el humo de minas, universidades para chinos, ciudades del cine o centros comerciales que nunca llegaron.

La alternativa a esta Ley llegará de la sociedad cántabra y del movimiento ecologista que, en incontables ocasiones, se ha alineado con la defensa del territorio y de los sectores y las personas que lo sostienen. De lo contrario, acabaremos, esta vez de verdad, comiendo grava de la carretera.