¿Qué hacemos con los impuestos?

No siendo especialista en materia fiscal, no me siento capacitado para decir qué ha de hacerse, sobre todo si se plantean cuestiones minuciosas pues, como se suele decir, el diablo (el problema) está en los detalles. Dónde sí me atrevo a emitir mi opinión es en planteamientos de carácter general acerca de qué hacer y, sobre todo, en lo que creo que no se debe hacer.

Para empezar, seamos claros. Con un déficit público muy elevado y casi estructural y con una deuda pública que ronda el 120% del PIB, lo que no se puede hacer es bajar los impuestos. Como se nos ha recordado ampliamente en los últimos tiempos, con una recaudación impositiva entre cuatro y seis puntos por debajo de la media comunitaria, que conlleva una escasez de recursos públicos de entre 40.000 y 60.000 millones de euros anuales, proponer una rebaja impositiva parece suicida, incluso cuando, temporalmente y gracias a la inflación (no hay mal que por bien no venga), la recaudación fiscal se esté comportando muy bien.

Partiendo de esta premisa, que me parece admite poca o ninguna discusión, lo primero que deberíamos plantearnos al realizar una reforma fiscal es saber qué estado del bienestar queremos, esto es, qué servicios públicos queremos financiar (¿sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, ...?) y a qué nivel queremos hacerlo. Si nos pusiéramos de acuerdo sobre este particular, cosa harto difícil, estaríamos en condiciones de plantearnos qué hacer con el capítulo de ingresos, con los impuestos.

No son pocas las propuestas de reforma fiscal que se han barajado en nuestro país a lo largo del presente siglo, pero ninguna de ellas, por desgracia, se ha tomado en consideración de forma expresa y decidida. Aunque suponga salirme un poco del guión, esto me recuerda, en el caso de nuestra comunidad autónoma, que no son pocos los planes estratégicos que se han elaborado (por el gobierno, entes públicos, la CEOE, etc.) para intentar hacer que la economía cántabra sea más competitiva y resiliente, y ninguna de ellas ha servido para nada.

Volviendo a los impuestos, he manifestado en más de una ocasión que (insisto, con independencia de detalles que se me escapan) lo que hay que hacer son tres cosas: por un lado, simplificarlos tanto cuanto sea posible, eliminando o reduciendo al máximo el abanico de exenciones, bonificaciones y otros mecanismos que socavan gravemente las bases imponibles; por otro lado, hacerlos más transparentes; y, por último, luchar de forma mucho más decidida (para lo que hacen falta, entre otras cosas, bastantes más medios) contra la evasión, la elusión y otros tipos de fraudes.

Subrayados estos tres puntos, sigo pensando que en España la imposición personal recae en exceso sobre las clases medias y poco, o mucho menos, sobre las clases acomodadas; la futura reforma del IRPF debería, creo, abordar este desequilibrio que es causa, entre otros factores, de un cierto malestar social. En la misma línea, y teniendo en cuenta que la desigualdad de riqueza en nuestro país es mayor que la desigualdad de rentas, habría que modificar los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones para que los que más tienen sean, efectivamente, los que más pagan, tanto en términos absolutos como relativos. En cuanto a los impuestos sobre los beneficios empresariales, no creo, como norma, que haya que subirlos, pues ello reduciría la competitividad de nuestras empresas. Sí hay casos, como los relativos a los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas y otros que surgen en ocasiones muy concretas, en los que, no obstante, considero que sería procedente. Para concluir, respecto al IVA me parece que la posible reforma debería ir en el sentido de una mejor modulación, pues hay algunos bienes, relativamente normales (los carburantes), que soportan un IVA como de bienes de lujo, y algunos bienes de primera necesidad cuyo consumo debería gravarse con un IVA superreducido.