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La decisión del Gobierno de Cantabria de retrasar hasta la semana que viene la apertura de la hostelería no es más que la constatación ... de su incapacidad, porque quien enfrenta salud y economía demuestra que ni sabe ni puede gestionar las dos cosas.
Con la misma indolencia con la que decretó el cierre hace ya cuatro meses y lo mantuvo en Navidad, sin dar a nuestros bares y restaurantes ni una tregua, ahora les ahoga un poco más demorando quince días la apertura como si no fuera consciente de que están al límite de su resistencia y que diez días pueden ser la diferencia entre la ruina definitiva o remontar.
Pero el estrangulamiento no acaba ahí, porque nuestra hostelería abrirá con el miedo a un nuevo cierre sin aviso previo y con las cámaras llenas de género. Ahí está la amenaza del consejero de Sanidad, empeñado en culpar a los hosteleros de cualquier repunte y en controlar la pandemia a costa de sus negocios.
Con el permiso de Revilla, que también en esto se ha escondido detrás de los técnicos y está de oyente, el Gobierno ha optado por la vía más fácil y cómoda para él y más lesiva y desproporcionada para el sector, el cierre total del interior, en lugar de buscar el equilibrio en la lucha contra la pandemia con fórmulas intermedias. No hay ninguna otra autonomía en la que la hostelería haya estado cerrada tanto tiempo, de manera generalizada en todo el territorio y también durante la Navidad.
No es necesario acudir a Madrid. Basta mirar a Feijoo, Lambán, García Paje o Barbón, presidentes de todo signo político, para darse cuenta de que Cantabria ha ido en solitario y en dirección contraria. Para todos ellos, el cierre generalizado ha sido siempre la última opción, para Cantabria, la primera. Todos han exprimido al máximo todas las alternativas y han modulado las restricciones a través de limitaciones sobre el territorio o sus municipios, franjas horarias, aforos, distancias o número de personas, y ahora están reabriendo o ampliando aforos con una incidencia acumulada a 14 días de 250 casos, es decir, en nivel 3.
Estamos ante una decisión política sin respaldo en la evidencia científica y que, con los datos en la mano, no se sostiene. En primer lugar, porque no está escrito en mármol que para abrir el interior de los locales haya que estar en un nivel de riesgo dos y, en segundo, porque hay un hecho claro: la curva de la tercera ola subió en Cantabria a pesar del cierre, luego la causa no era y no es la hostelería.
Todos hemos visto cómo, a pesar de estar la hostelería cerrada a cal y canto, aumentaron los contagios; cómo la incidencia continuó subiendo en noviembre hasta llegar a casi 600 y cómo, después de Nochebuena, se dispararon los casos vinculados a las reuniones familiares. Los propios datos del Ministerio de Sanidad acreditan que la hostelería es responsable de menos del 3% de los contagios.
Además, pese a la gran diferencia en la respuesta a la pandemia entre comunidades, la curva de contagios ha evolucionado en ellas de una forma similar. Dicho de otro modo, no hay un patrón en la relación entre las medidas restrictivas en la hostelería y la evolución de datos sanitarios y no hay más que comparar el caso cántabro con el vasco, el madrileño o cualquier otro.
El Gobierno no es consciente del roto que está causando a nuestra economía y del daño que está haciendo a muchos negocios, empleos y familias.
A las puertas del Partido Popular han llamado porque no pueden más. A las del Gobierno también, pero la respuesta es siempre que aguanten un poco más y se conformen con una ayuda, en el mejor de los casos, de 1.500 euros, una bolsa de pipas de consolación.
¡Qué nadie se equivoque! No hemos abandonado la prudencia, la responsabilidad, ni el sentido común. No pedimos una desescalada rápida ni podemos echarlo todo por la borda. No somos nosotros los que hemos hablado de abrir la comunidad en Semana Santa o invitamos a los madrileños a venir en el Puente del Pilar.
Soy la primera que digo que si llegamos a una incidencia de 1.000 casos hay que cerrar todo 15 días para que no se descontrole la pandemia y evitar el colapso asistencial. Lo que pido es una desescalada adecuada a la realidad epidemiológica y sanitaria, sin agravios y sin más víctimas económicas.
El pasado día 19 el Gobierno levantó después de un mes las restricciones en todos los sectores económicos. Ese día debieron levantarse también para los bares y restaurantes. Porque la hostelería es segura si ordenamos su actividad en condiciones seguras, exactamente igual que cualquier otra actividad económica. No podemos ni debemos criminalizar un tipo de negocio y debemos convivir los meses difíciles que quedan de esta pandemia sin hacer más daño al tejido empresarial.
Por eso pedimos la apertura inmediata y controlada, porque el mejor plan de rescate para nuestros hosteleros es que se les deje trabajar.
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