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En 15 días da comienzo la presidencia española de la Unión Europea. Un acontecimiento ciertamente singular que solo sucede cada 13 años. Los 27 Estados miembros se reparten el cargo por semestres, de tal manera que el plazo podría dilatarse si se aprueba la adhesión ... de nuevos socios. Los países acostumbran a utilizar su presidencia para marcar su impronta en el proceso de integración y reorientar su rumbo de acuerdo con sus intereses. Y ya de paso, hacer publicidad del propio país, en donde tienen lugar importantes reuniones del más alto nivel y diversas celebraciones a lo largo del semestre.
No hay duda de que el adelanto de las elecciones ha desvirtuado todos los planes. Máxime cuando la probabilidad de que sus resultados provoquen un cambio de Gobierno no es pequeña. Lamentablemente, parece que el presidente Sánchez no se ha dirigido todavía al candidato Feijóo para hablar de ello, lo cual incrementa el peligro de que se produzca un desbarajuste en la presidencia española si se confirmara el cambio. Es cierto que los distintos dosieres y documentos de trabajo están lanzados y avanzados. De lo que no hay prueba alguna es de que cuenten con la aprobación de quien podría quedar encargado de llevarlos adelante.
Hay un asunto de especial enjundia. La UE ha anunciado su propósito de volver a la disciplina fiscal anterior, una vez que han desaparecido las causas que motivaron el relajo actual, que fueron lo efectos provocados por la pandemia del covid. El asunto es crucial para los países que, como el nuestro, están fuertemente endeudados e incumplen de lejos todos los límites admitidos. El Gobierno envió un plan de consolidación que pretendía cumplir con las exigencias europeas. Un plan en el que pocos creyeron, dado el desinterés mostrado por la cuestión a lo largo de toda la legislatura. Menos aún cuando al acercarse las elecciones municipales y autonómicas se inició un fastuoso programa de concesiones populares que de llevarse a cabo incrementarán el gasto en más de 13.000 millones de euros.
Hay más. El Gobierno alemán, por boca de su ministro de Finanzas, ha propuesto endurecer la cuestión y obligar a los países más endeudados a reducir en un 1% la ratio de su deuda sobre su PIB. En el caso español hablamos de la enorme cifra de 15.000 millones, a la que, dado que la exigencia es un cociente, habría que restar lo que suponga el aumento del PIB. Un aumento que, en relativo y frente a nuestros socios, es hoy relevante, pero que en términos absolutos no será enorme.
¿Apoyará España esta medida durante su mandato? Si hay cambio de Gobierno, ¿le dejará al siguiente el marrón de unos recortes que incendiarán el país? Desconozco por completo sus intenciones y no confío en que las desvelen durante la campaña. Validar los recortes sería una desautorización en toda regla a su comportamiento anterior y le dejaría una autopista confortable al Ejecutivo siguiente. Apuesto a que tal cosa no está en el programa. Pero oponerse sin alternativa a la exigencia alemana y dejar que se prolongue el relajo fiscal puede dejar un mal sabor de boca a una presidencia a la que la decisión de adelantar las elecciones puede dejar coja, corta y sin brillo. A los estrategas de La Moncloa se les escapó este pequeño detalle o quizás, simplemente, no lo consideraron relevante, o puede ser que estén seguros de ganar las elecciones.
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