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La Constitución Española establece en su artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En base a lo anterior ... parece razonable pensar que no se pueden establecer diferencias entre unos españoles y otros por el solo hecho de su origen geográfico. Sin embargo, ya la propia Constitución establece una primera desigualdad entre los diferentes territorios de España en función del procedimiento en que el mismo accediera a su autonomía, pues diferente es que lo hiciera por el artículo 151 a que lo hiciera por el artículo 143, diferencias que aún se mantienen después de 40 años, ya que, por ejemplo, distinto es el procedimiento de modificación de sus respectivos Estatutos en función de la vía seguida para su autonomía, pues mientras que para los primeros se necesita el refrendo mayoritario de sus ciudadanos, en los otros tal requisito no es de aplicación. Pero si importante es lo anterior, mayor es la desigualdad que la propia Constitución consagra para las Comunidades Autónomas de País Vasco y Navarra, al reconocerlas unos pretendidos derechos históricos -obviando que en España hasta el último de sus villorrios gozaron de múltiples derechos y privilegios, ganados en buena lid por los servicios prestados por los mismos u otorgados graciosamente por sus reyes a lo largo de nuestra azarosa vida, y hoy felizmente arrumbados en el desván de la historia-, materializados en la primera mediante un Concierto Económico y en la segunda mediante el Fuero Navarro, que otorga a dichas comunidades una singularidad de la que carecen las otras quince. Parece por ello lógico preguntarse, la igualdad entre todas las comunidades, ¿para cuándo?
En un reciente y documentado artículo, quien durante muchos años fue director de este periódico, Manuel Ángel Castañeda, abundaba en este mismo tema y abordaba la cuestión fundamental de su deseable solución, la cual, opinaba, y muchos con él así lo estimamos, está en manos de los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, para que quien de los dos gane las elecciones pueda gobernar sin tener que buscar los apoyos de los partidos nacionalistas -empezando por la investidura del propio presidente-, dado que los mismos solo buscan su beneficio local en detrimento del conjunto de España. Sin embargo, aquellos, en vez de poner fin a la actual situación profundizan más en ella y cada día crean más desigualdades entre las comunidades gobernadas por los nacionalistas, en muchos casos ya directamente independentistas, a base de dar a estas nuevas e importantes prebendas, y el resto, a las que en muchas ocasiones niegan el pan y la sal, lo cual lleva a un grado de frustración por parte de las comunidades agraviadas, que conduce inexorablemente a la polarización política de sus ciudadanos.
Así comprobamos como una y otra vez el PNV y los partidos de ámbito catalán, con muy escaso número de diputados hacen valer estos, legislatura tras legislatura, para profundizar en su autogobierno, mejorar aún más sus ya importantes infraestructuras y obtener nuevos e importantes privilegios económicos. Si lo anterior es grave, mucho más lo es el hecho de que ello vaya acompañado por parte de los dirigentes de aquellas del permanente agravio a España y a sus instituciones, con manifiesto desprecio a todo lo que representa y une a nuestra nación, desde la Jefatura del Estado, encarnada en la figura del rey Felipe VI, hasta nuestra bandera, por no citar su persistente inasistencia a los actos institucionales organizados con motivo de nuestra fiesta nacional o cualquier otro acto de similar importancia, lo que representa, además de mala educación, un total desprecio hacia el resto de colegas de otras comunidades y con ellos a los españoles a los que representan.
El hecho de que tal proceder no reciba la adecuada contestación por parte del gobierno que representa a todos los españoles anima a sus autores a proseguir en tal actitud, a la vez que les permite justificar ante su parroquia que tienen razón en sus planteamientos independentistas, lo que a su vez incrementa el lógico malestar en el resto de España.
Desgraciadamente análogo comportamiento vemos en otros muchos ámbitos, desde el cultural al económico, pasando por el de la Iglesia o el de la representación empresarial y sindical, en los que los representantes nacionales de tales instituciones mantienen una relación de condescendencia, cuando no de subordinación, con las correspondientes organizaciones territoriales vascas o catalanas. Pero bueno, ese es otro tema que merece un análisis independiente.
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