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Es ciertamente sorprendente que al acercarnos al 8 de marzo se vuelven a escuchar defensas de la igualdad, logros alcanzados y demás parafernalia mientras los hechos del resto del año dicen muy poco del compromiso serio con la igualdad real y efectiva entre hombres ... y mujeres. Y como ejemplo sirvan las actuaciones de la Administración pública cuando ejerce de empresaria de los y las empleadas/os públicos. Sin ir más lejos, el Gobierno de Cantabria, que aprueba leyes como la de igualdad, no permite que los trabajadores de su plantilla ejerzan sus derechos de conciliación.
De hecho, hace más de 10 años que se aprobó la flexibilidad horaria en el convenio colectivo del personal laboral del Gobierno regional, medida pionera en su momento pero que nunca se ha llegado a implantar, a pesar de las numerosas peticiones al respecto que se han hecho.
Claro está, si no se aplica la flexibilidad horaria, se acaba solicitando una reducción de jornada con la pérdida económica que supone y la merma de cotizaciones a futuro; y ni que decir tiene que estas reducciones son solicitadas por mujeres en su gran mayoría, que son las que ven reducidos sus salarios si quieren poder compatibilizar trabajo y cuidados.
Si atendemos al derecho de las concreciones horarias, el convenio colectivo de personal laboral del Gobierno de Cantabria está por debajo del propio Estatuto de Trabajadores y en todo su articulado no se constata esa posibilidad de conciliación. De nuevo, las mujeres reducen jornada y salario o directamente valoran no trabajar en épocas vitales con dependientes a cargo (hecho cada vez más habitual en nuestra sociedad) o mientras sus hijos son pequeños. Es más, en el año 2020 se introdujeron en las modificaciones del convenio colectivo el acompañamiento a personas dependientes a consultas y tratamientos. Este artículo apenas se logra utilizar porque siempre tiene esta empresa llamada Gobierno de Cantabria alguna disculpa, matiz o lectura que lleva a que al final el personal desesperado opte por otras soluciones.
Día a día vemos como nuestra 'jefa', la Administración autonómica, rechaza peticiones o deniega permisos para ejecutar derechos de conciliación.
Y qué decir de Presidencia, la Consejería del Gobierno de Cantabria con quien negociamos las condiciones laborales. En el año 2018 se firmó un acuerdo que incluía la negociación del Plan de Igualdad que, ni está ni se le espera, porque debido a la escasez de funcionarios y personal laboral, acometer la exigida valoración de puestos con perspectiva de género es inviable.
En ese acuerdo se aprobó también una bolsa de horas a devolver dentro de esa flexibilidad que atiende a las necesidades del cuidado de personas. Ese es el objetivo de la bolsa, aunque otra cosa bien distinta es cómo se regula el uso y la devolución de horas, que se restringe sin justificación alguna como si fuera un regalo y no horas a incrementar en los días siguientes.
El Gobierno de Cantabria nos dice que «al trabajo se viene a trabajar», como si los trabajadores que quieren ejercer derechos de conciliación ya ganados fueran unos aprovechados que pretenden estafar a esta empresa, que de responsabilidad social sólo sabe que es algo bien visto.
Lo dicho, el 8 de marzo a ponerse la careta, desfilar por Santander y hablar de cómo apostamos por la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad real. Pena que los hechos demuestren lo contrario. La Consejería de Presidencia ni cree ni ambiciona.
Y cómo hacer entender que una trabajadora o trabajador es algo más que un obrero, que no podemos avanzar si no comprendemos que la persona es un todo donde deben interaccionar la esfera laboral, familiar, social, cultural; que en las empresas donde se ejercen derechos de conciliación los trabajadores aumentan su vínculo y son más productivos (hay datos contrastados al respecto).
Un trabajador feliz responde mejor y con mayor compromiso. Estos temas no son cosa de un día, son objetivos a cumplir en el tiempo. Dejémonos de discursos huecos y trabajemos la igualdad desde lo cotidiano, lo laboral, lo social.
El mundo laboral no puede permanecer con excusas baratas al margen del cambio social necesario para alcanzar la igualdad efectiva, ni una sola mujer más debe verse obligada a elegir entre su derecho al trabajo y su derecho a conciliar.
Y, a pesar de las trabas, queremos decir bien alto, que aquí estamos para seguir dialogando y negociando porque sólo desde la unidad de ambas partes podremos crecer como lugar de desarrollo laboral y personal donde se ejerzan los derechos necesarios para hacer de nuestros centros de trabajo zonas efectivas de igualdad y corresponsabilidad.
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