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La toma en consideración por el Congreso de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para la aplicación de sendos gravámenes a empresas energéticas y bancos españoles, sobre sus resultados en nuestro país en 2022 y 2023, abrió ayer la puerta a ... la discusión pormenorizada de su articulado. Así como al estudio de aquellas iniciativas que las compañías concernidas puedan elevar a los órganos jurisdiccionales competentes y a otras instancias públicas, para anularlos o minimizar su impacto. El propósito de la coalición de gobierno, expuesto por el presidente Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, sería contar con una recaudación suplementaria de 7.000 millones de euros en 2023 y 2024 por los «beneficios extraordinarios» de banca y energéticas. Aunque la fórmula elegida en la proposición de ley sortea tal consideración y se refiere al total de los ingresos de las energéticas y al margen obtenido en concepto de comisiones e intereses netos en el caso de las entidades financieras.
Precisión jurídica que no puede desestimar del todo las alegaciones que se presenten porque el presidente del Gobierno y otros responsables hablaron de «beneficios extraordinarios», quedando recogido así en el Diario de Sesiones. Como tampoco puede eludir el hecho cierto de que los resultados de la banca guardarán relación con las decisiones adoptadas ya o que en adelante introduzca el Banco Central Europeo en relación a los tipos de interés. Junto a aquellas medidas que la institución de Frankfurt continúe arbitrando para impedir la fragmentación del espacio financiero del Euro. Está en la naturaleza de las empresas contempladas en la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos su obligación de obtener la máxima rentabilidad para sus accionistas. Lo que las compromete en el crecimiento de la economía española. Pero los dividendos requeridos no surgen de la incertidumbre. Ni las inversiones tecnológica y ecológicamente innovadoras o las iniciativas de mayor rentabilidad social afloran bajo el señalamiento público.
Es impropio de la primera autoridad ejecutiva de un Estado democrático zanjar la cuestión proclamando que «si Botín y Galán protestan es que vamos en la buena dirección». Cuando su deber máximo es conciliar intereses, atenerse al rigor frente a la demagogia, evitar la diatriba ante las dificultades, ofrecer solvencia institucional y garantías jurídicas a la recuperación.
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