Impuesto sobre el Patrimonio

Con independencia de la opinión que se tenga acerca de si varias comunidades, con la de Madrid a la cabeza, están haciendo dumping fiscal al resto de autonomías, y con la pretensión de aclarar algunos puntos sobre si estamos debatiendo sobre 'el fuero o el huevo', me parece interesante responder a dos preguntas que, me imagino, muchos lectores se hacen. La primera es, cuáles son las comunidades autónomas que, respectivamente, gravan más y menos a sus ciudadanos por el Impuesto sobre el Patrimonio. La segunda es dónde se recauda más por este impuesto. Para responder a estas preguntas me apoyo en el estudio 'Panorámica de la fiscalidad autonómica y foral 2022' publicado por el Colegio General de Economistas.

Como sucede bastante a menudo, la respuesta a la primera cuestión no puede ser taxativa, ya que depende, en gran medida, del valor del patrimonio a gravar. En una simulación efectuada para un patrimonio de 800.000 euros, Aragón y Extremadura, con cantidades a pagar por encima de los 1.000 euros, serían las comunidades en las que la factura impositiva sería mayor; si el patrimonio alcanzase, sin embargo, la cifra de 4.000.000 de euros, serían Extremadura y Baleares (con cerca de 60.000 y 50.000 euros, respectivamente) las regiones en las que el contribuyente tendría que aflojar más su cartera. En cuanto a las comunidades donde se pagaría menos, la situación es más homogénea pues, estando encabezada siempre por Madrid (donde no se pagaría nada), Galicia, Álava y Vizcaya serían los lugares en los que los contribuyentes se verían más favorecidos.

La respuesta a la segunda pregunta depende, naturalmente, no sólo de qué comunidad bonifica más, menos o nada el impuesto sino, también, del valor de los patrimonios de sus ciudadanos. En este sentido, y con datos de 2020, el estudio citado señala que Cataluña es la región que consiguió una recaudación más elevada (cerca de 550 millones de euros), seguida de País Vasco y Comunidad Valenciana, un poco por encima de los 177 y 156 millones, respectivamente. Madrid, como era de esperar, no recauda nada en absoluto por esta figura impositiva, y Extremadura, una de las regiones más estrictas en la aplicación del impuesto, fue la que menos recaudó (apenas 5.300.000 euros).

En cuanto a Cantabria, la situación es un tanto ambivalente. Ocupamos la séptima posición entre las comunidades que más gravan el patrimonio si este es de 800.000 euros, pero saltamos a la cuarta posición si el mismo alcanza los 4.000.000 o más. Por otro lado, y excluido el caso madrileño, somos la cuarta comunidad que menos recauda, lo que sería indicativo, como en el caso extremeño, de que aquí no hay muchos ciudadanos con valores patrimoniales elevados. ¿Será esto cierto?

A la vista de todo lo expuesto, es evidente que, tratándose de un impuesto cuyo rendimiento está cedido a las comunidades autónomas, estas lo gestionan de forma bastante diferente. Siendo esto así, son numerosas las preguntas que cabe formularse acerca de este impuesto y, por desgracia, ninguna de ellas tiene respuesta fácil ni unánime. Sin ser un experto en la materia, mi opinión al respecto es, sin embargo, bastante clara. Puesto que se trata de un impuesto que grava la riqueza y no la renta, creo que debería existir en su forma actual o, quizás, ser sustituido por otro que gravara, de otra forma, esa misma riqueza; no cabe, en mi opinión, desmantelarlo sin sustituirlo por otro, pues en ningún caso incurre en una doble imposición. Dicho esto, y pese a que no creo que influya demasiado en las decisiones de inversión de las empresas ni, por lo tanto, en el nivel de actividad económica y empleo, considero que, para evitar malos entendidos (que ahora surgen por todas partes) sería conveniente armonizarlo lo más posible. Y lo sería porque una cosa es que las comunidades tengan una cierta autonomía fiscal y otra que se enzarcen en una lucha de rebajas fiscales, dirigida más a captar votos que otra cosa.