Los inconvenientes del poder disperso

Esta estructura ha demostrado que es la más idónea, ya que permite que la voluntad popular conforme un equipo dirigente y que sean los gobernantes quienes tomen decisiones y, lógicamente, rindan cuentas de su gestión. Es la manera de concretar el canal por el cual se encauza el poder popular y de que los votantes valoren la gestión realizada para, en los siguientes comicios, aprobar o suspender a los dirigentes.

En el segundo nivel de decisiones, en la mayoría de los países democráticos, es el presidente del gobierno nacional, regional o municipal quien nombra, de manera directa y sin paso por las urnas, sus equipos de gobierno. Así el presidente de España o de Cantabria puede nombrar o destituir a cualquier miembro de su equipo sin más trámite que la firma de un decreto en el boletín oficial.

Esta, posiblemente innecesaria explicación, me parece pertinente porque estamos asistiendo a una modificación de la forma de aplicar los poderes y de asignar las responsabilidades. Resulta sorprendente que quienes tienen legítimamente los resortes del poder traten de eludir los efectos de sus actos.

Vemos como la gestión de la pandemia del covid-19 ha producido la elusión de responsabilidades con argumentos insostenibles. El presidente del gobierno de España ha tomado decisiones de gran calado decretando el estado de alarma, decisiones que han recortado de manera drástica los derechos ciudadanos. Tras ello no parece dispuesto a adoptar otras medidas que permitan afrontar esta crisis sanitaria con más coherencia y con una coordinación que se antoja imprescindible. Quien tiene el timón deja el mando y lo transfiere a las comunidades autónomas. De esta forma se produce un efecto dañino: la confusión por la multiplicidad de normativas y la incoherencia de haber decretado confinamientos a escala nacional y luego negarse a decretar restricciones en toda España.

Si descendemos al nivel regional vemos como en la mayoría de comunidades se producen situaciones muy similares. En Cantabria, por ejemplo, el presidente ha dicho, de manera reiterada, que las restricciones de movimientos inter municipales o las adoptadas para bares, restaurantes, etc. no le corresponden a él, sino que son criterios de sanidad... como si la consejería de sanidad fuera ajena al gobierno. Es evidente que el responsable de sanidad en Cantabria es el consejero, pero mas nítido resulta el hecho de que quien nombra y puede destituir al consejero en cuestión es el propio presidente. El gobierno es sólo uno y su máximo responsable quien lo preside.

Estas disfunciones del sistema democrático producen confusión entre los votantes, máxime cuando quienes encabezan las candidaturas y después gobiernan se apartan de sus responsabilidades para achacarlas a sus subordinados. Cuando llegue el momento de votar para renovar el Parlamento de España no serán los presidentes autonómicos quienes se presenten para encabezar la candidatura de su partido, ni el consejero de sanidad quien lidere la lista regional.

Quien detenta legítimamente el poder, debe ejercerlo en bien de la comunidad y, en paralelo, asumir su responsabilidad. Quién puede restringir nuestra libertad, imponer sanciones, subir o bajar impuestos, es quien está en la obligación de presentar el balance de su actuación y someterse al juicio de los ciudadanos, que son quienes le delegaron el poder.

La dispersión de organismos en los que reside el poder es una forma de evitar la visualización de los responsables de las diferentes medidas. Los ejemplos abundan, desde la capacidad que tienen organismos como las confederaciones hidrográficas, casi anónimas a efectos del votante, para actuar en asuntos que afectan directamente a los vecinos de miles de pueblos españoles, hasta casos próximos, como la impunidad con la que un equipo de expertos redactó el nuevo trazado del servicio de transporte urbano en Santander, anulado tras su rotundo fracaso.

Fragmentar los órganos de decisión o no asumir que un gobierno es un equipo y que las decisiones conciernen a todos los que lo forman y especialmente al presidente no es bueno para la transparencia y el rigor democrático.