(In)Dependencia energética y (algunos) costes de la guerra

Por decisiones políticas que el tiempo ha mostrado que fueron equivocadas, muchos países europeos (España, por suerte, es una de las pocas excepciones) dependen críticamente de Rusia en lo que concierne al suministro de gas y, en menor medida, de petróleo. Teniendo en cuenta cómo están las cosas en el momento actual, la pregunta que procede formularnos es de qué forma se puede reducir esta dependencia sin que ello nos aboque a una nueva recesión. Pues bien, de entre las múltiples respuestas dadas a esta cuestión, me parece que, en lo que atañe al gas, la ofrecida por la Agencia Internacional de la Energía es de lo más sensato que he podido ver y leer; ello no quita, obvio, que sea costosa para los europeos. En síntesis, sus diez puntos proponen:

1 y 2: no firmar ningún nuevo contrato de suministro de gas con Rusia y comprar a otros suministradores;

3: fijar unos stocks de seguridad de gas a los países de la UE más elevados que los actuales;

4 y 5: acelerar el despliegue de proyectos eólicos y solares, y potenciar la generación de electricidad mediante la bioenergía y la nuclear;

6: gravar transitoriamente los beneficios imprevistos de las eléctricas;

7, 8 y 9: acelerar el cambio de calderas de gas por bombas de calor, mejorar la eficiencia energética en los edificios y en la industria, y pedir a los consumidores que reduzcan en un grado centígrado el termostato de sus calefacciones;

Y 10: intensificar los esfuerzos para diversificar y descarbonizar las fuentes de generación de electricidad.

Ninguna de estas medidas será fácil de llevar a buen puerto, pero o bien se adoptan de forma decidida o será imposible reducir de forma significativa, y en un periodo de tiempo relativamente corto, la mencionada dependencia energética europea de los suministros rusos. De momento, y no como forma de luchar contra la mencionada dependencia energética sino como manera de aliviar sus efectos negativos sobre los ciudadanos, los países europeos han ido desplegando diversos planes de acción. En el caso español, y pese a las vicisitudes pasadas para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, se aprobó un Plan de Respuesta a la Crisis que, con un coste directo de 6.000 millones de euros para las arcas del Estado, más otros 10.000 en forma de avales del ICO, supone una movilización dineraria que podría alcanzar los 16.000 millones. En este plan, y en lo que atañe en concreto a las ayudas directas, dos son los epígrafes que, con un importe por encima de los 3.200 millones se llevan la parte del león: el primero de ellos es la minoración de ingresos por rebajas en el impuesto de la electricidad; el segundo es la bonificación a los combustibles (20 céntimos por litro) durante un mínimo de tres meses. El resto de medidas (además de las de índole laboral e inmobiliaria) se refiere, sobre todo, a ayudas directas a los sectores más afectados por la subida del precio de los combustibles (el transporte, la agricultura, la ganadería y el sector pesquero), así como a las industrias electrointensivas, amén, claro está, de todo lo relativo al aumento transitorio del ingreso mínimo vital y al mantenimiento del bono social eléctrico. Todo esto conlleva, como es evidente, un problema adicional en lo que atañe a los esfuerzos a realizar por el Estado en materia de reducción de déficit y deuda, pero las circunstancias son las que son y una respuesta así, incluso más generosa, me parece que era (es) necesaria.