La independencia energética, tercer pilar de nuestra libertad

La invasión rusa a Ucrania nos ha recordado la repercusión, a largo plazo, que tienen las políticas energéticas, comerciales y de seguridad en un contexto internacional en el que, en Occidente, primaba la colaboración con los eventuales adversarios económicos o estratégicos, asumiendo que una comunidad de intereses les disuadiría de atentar contra los nuestros. Craso error: la agenda del autócrata no se puede entender con el paradigma de los demócratas, por el mismo motivo que no podemos juzgar la historia con una escala de valores contemporánea.

Por esta última razón, no conviene darle muchas vueltas a los pretendidos errores de quienes nos gobernaron en el pasado y decidieron reducir a la mitad el presupuesto de Defensa en relación al PIB, como consecuencia de 'los dividendos de la paz' tras la 'caída del muro', lo que provocó una carencia de capacidades adecuadas para hacer frente a la coyuntura internacional actual o adoptaron medidas energéticas de calado como imponer la moratoria nuclear o apostar por el gas natural concentrando en Argelia el suministro. Ello nos hizo dependientes de naciones ajenas a nuestro entorno socioeconómico, lo que ha tenido como consecuencia que los costes actuales de la electricidad sigan lastrando la competitividad de la industria, dificultando la recuperación y empeorando la situación de muchas familias.

Otra cosa es pronunciarnos sobre lo que sucede en la actualidad, para lo bueno y para lo malo. En el primer caso, hay que celebrar que los países europeos de la OTAN hayan tomado conciencia, en la cumbre de Madrid, de la necesidad de reaccionar mediante el incremento presupuestario en Defensa. Sin embargo, la política energética sigue ensimismada con ensoñaciones poco realistas. Su nueva agenda, tan ligada a la medioambiental, apunta al vehículo eléctrico y al empleo de hidrógeno. Sustituir los combustibles fósiles por baterías eléctricas (que hay que cargar) y generar por electrolisis el hidrógeno necesario a la escala que se nos anuncia, requerirá en la práctica doblar el parque de generación eléctrica. Y hacerlo, como es lógico, mediante tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero.

Destacan las energías renovables (hidráulica, eólica o solar) para lograr ese objetivo, cuya implantación no está exenta de oposición social, en cualquier caso. Pero como hemos visto este verano, la columna vertebral del sistema de generación eléctrico no puede depender de los caprichos de la lluvia, del viento o del sol. Y dado que pretendemos prescindir, tarde o temprano, de los combustibles orgánicos, solo nos queda la generación eléctrica de origen nuclear, poseedora de varias ventajas evidentes: la ingente inversión (civil e industrial) que moviliza; la ausencia total de emisiones de gases de efecto invernadero; el bajo coste del kilovatio/hora y la tecnología de vanguardia que conlleva.

Las centrales nucleares de nueva generación son extremadamente seguras y el único motivo de preocupación puede seguir siendo la gestión de los residuos, debido a su larga vida, si bien algunas propuestas de SMR (pequeños reactores modulares), empiezan a resolver también este problema a la espera de la fusión nuclear que los hará desaparecer por completo (y cuyo desarrollo bebe de las fuentes de la tecnología nuclear de fisión).

Sin embargo, el principal motivo para confiar nuestro futuro energético a la generación nuclear no es económico, ni tecnológico, ni medioambiental: es estratégico. La libertad de los españoles no sólo depende del buen funcionamiento de sus instituciones (ahora un poco en cuestión, por lo demás), del buen hacer de sus diplomáticos o de la disuasión que nuestras Fuerzas Armadas ejerzan sobre quienes pretenden hacernos daño. Depende también de su independencia energética. Y eso quiere decir que depende de que podamos cubrir una parte significativa de nuestra demanda con energía nuclear.

El gobierno decidió no prolongar la vida de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años. Aunque cada instalación es un mundo y no se puede generalizar, es razonable pensar que las centrales españolas pueden operar de media hasta las seis décadas, por lo que sería conveniente revocar una decisión inexplicable, ajena a todo pragmatismo y contraria a cualquier lógica económica, ecológica, tecnológica y, sobre todo estratégica que, en cualquier caso, se tomó antes de que la guerra en Ucrania nos despertara a los europeos del sueño del 'buenismo'. Si el Ejecutivo ha sido capaz de decidir aumentar el presupuesto de Defensa (y la sociedad lo ha asumido con naturalidad e incluso con alivio) quizá quepa la esperanza de que se autorice la prórroga de las licencias de nuestras centrales nucleares.