Independencia judicial, sí y plena

El reparto de otros importantes puestos judiciales en los diferentes tribunales del país, al ser realizados puertas adentro del Consejo del Poder Judicial, queda vedado a los curiosos ojos de los ciudadanos, más allá de quienes por hacer un riguroso seguimiento de tales nombramientos hacen un listado de a qué asociación pertenecen y por quiénes son apoyados cada uno de ellos.

Sería por ello imprescindible que, dada la trascendencia que el Consejo del Poder Judicial tiene en el nombramiento de muchos de los más importantes cargos judiciales de nuestro país, quedase totalmente desligado de los partidos políticos, evitando la influencia tan grande que ahora ejercen sobre un órgano tan fundamental, para lo que, al menos, sería preciso volver al espíritu del diseño establecido en la Constitución. Y, si fuere posible, haciendo también que los miembros que en la Carta Magna se reservan a la elección por el Congreso y el Senado se hicieran con un formato tal que impidiese el reparto por cuotas de los partidos dominantes en tales Cámaras.

Importante, a los efectos anteriores, es tener muy en cuenta que la existencia de asociaciones en el seno judicial pueden acabar siendo -si no lo son ya, pues esa es la percepción que muchos tenemos de ellas- lo más parecido a sindicatos de clase, con la correspondiente proximidad ideológica a partidos políticos concretos fácilmente identificables. Ello no significa que no hubiese una asociación en la que se integrasen los miembros de la judicatura, con independencia de su pensamiento político, para la defensa de sus legítimos intereses profesionales, pues como todo colectivo tienen problemas que les afectan y soluciones que deben plantear a la Administración en la que están integrados. Ello permitiría que la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial se realizase con el voto universal de todos sus miembros, sin intervención de asociaciones intermedias, en las que sólo la valía y el prestigio profesional fuesen los avales que acompañasen a su candidatura.

Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional son muchos los que se inclinan a pensar que debiera ser una Sala más de las del Supremo, la cual, al estar formada por jueces que han llegado a ella como culminación de su carrera profesional podrían dar a la misma una imparcialidad que sólo la independencia de la que tales jueces deben gozar puede darles y de la que ahora, por el origen de sus nombramientos y las limitaciones del tiempo de sus mandatos, es fácil poner en cuestión pues, en materia tan relevante, tan importante es ser como parecer, ya que si a alguien puede aplicársele con más propiedad la máxima de que «la mujer del César no solo debe ser honrada sino también parecerlo», es precisamente a los jueces y mucho más si van a ser los intérpretes de nuestra suprema ley.

Puede parecer un atrevimiento, y seguramente lo es, que alguien ajeno al mundo del Derecho, como es mi caso, se atreva a entrar en un campo tan complejo como es el judicial, pero es cierto que si bien todos los ciudadanos estamos obligados a respetar las sentencias que se impartan en todas y cada una de las instancias judiciales, tenemos también el derecho de expresar nuestra opinión sobre cómo se selecciona a aquellos que un día pueden decidir sobre nuestras vidas y haciendas.

Discrepo, por tal motivo, de que haya jueces que sean propuestos directamente por los Parlamentos autonómicos para formar parte de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia. Igualmente preferiría un Tribunal Constitucional formado por jueces del Tribunal Supremo, como cualquier otra Sala del mismo, que un tribunal compuesto por miembros, sin duda cualificados y bien intencionados, elegidos y decididos por los partidos políticos. Mantengo viva, finalmente, mi esperanza de que los partidos políticos saquen un día no lejano sus manos del Consejo del Poder Judicial para que la elección de sus miembros no solo sea independiente sino también lo parezca. Y es que no debemos olvidar que disponer de una justicia independiente y cualificada es fundamental en un Estado de Derecho, pues la misma es el último valladar en la defensa de los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos. Es por ello que si un día tuviera que comparecer ante un tribunal de justicia preferiría que estuviese formado por jueces profesionales e independientes y no por jueces nombrados, directa o indirectamente, por los partidos políticos o fuertemente influenciados por éstos.