Indulto, insulto, inculto

Desde las elecciones generales de diciembre de 2015, ha habido en España una consistente mayoría vectorial para la adición de escaños socialistas con podemitas y nacionalistas más o menos radicales. Sinceramente, entonces creí que esa serpiente multicolor formaría gobierno y haría aprobar un nuevo Estatuto catalán, y así lo comenté con algunos colegas de este diario que lo recordarán. Pero, para mi sorpresa, el entendimiento del PSOE con Podemos fue imposible: recuerden que hubo una investidura fallida en la que Sánchez lo intentó con Ciudadanos. La repetición de junio de 2016 dio más o menos la misma 'voluntad vectorial': aunque el PP fue el partido con más diputados, la suma por el otro lado seguía 'dando'. Pero lo que no podía hacer Ferraz entonces era ni dejar gobernar a Rajoy ni formar ellos mismos gobierno, yendo a otras terceras elecciones, ridículas. Entonces decapitaron a Sánchez, formaron una gestora y, con una abstención 'de Estado', permitieron la investidura del candidato popular.

Sin embargo, la aritmética seguía siendo favorable a 'lo otro'. Sánchez supo captar ese posibilismo y acabó retomando el poder interno. A su vez, el Gobierno popular era realmente un gobierno interino, en situación precaria. En esa posición tuvo que afrontar el histórico desafío de los independentistas de Cataluña. Finalmente, recibió en 2018 el golpe de gracia de la mayoría alternativa y latente, cuando el PNV así lo decidió por conveniencias de su imagen de chapela impoluta. La mayoría de 2015 había tardado dos años y medio en sustanciarse. Pero solo lo hizo para censurar, no para gobernar, así que Sánchez tuvo que convocar elecciones en 2019. No salió mejor parado, solo que esta vez sumaba mayoría absoluta con Ciudadanos (había una posible 'voluntad popular' de centro izquierda). Pero el PSOE no quiso articular, por cálculo electoral, ni por el centro ni por la izquierda. La repetición de comicios, en cambio, le dejó sin opciones y condujo rápidamente a que se formara el Gobierno actual. Esa fue la 'voluntad del pueblo'. Pero ya lo venía siendo potencialmente desde 2015, solo que inefectiva.

Esa mayoría (de 190 en la reciente votación en el Congreso) desea ahora indultar a los condenados por sedición, que en 2017 quisieron independizar Cataluña con un abuso evidente de las instituciones que tenían bajo su responsabilidad y un desprecio notorio a la mayoría de los catalanes (que no son independentistas) y resto de españoles. Seguramente son muchos los cántabros que o han firmado algún escrito contra estos indultos o no tendrían mayor inconveniente si alguien les pusiera un papel delante. Se siente ahí el indulto como un insulto, sobre todo porque los potenciales indultados siguen verbalmente desafiantes.

Pero, ¿quién puede decidir en una democracia si se aplican, en lo legalmente posible, prerrogativas de gracia por el interés del país, ya que no de la justicia estrictamente considerada? Solamente un gobierno con suficiente respaldo parlamentario, es decir, con la 'voluntad popular' vectorial bastante. Y este Gobierno la tiene.

No quiere decir que vayan a acertar. Quiere decir solo que son los que tienen el derecho a ejercer ese gran honor democrático que es meter la pata por mayoría. Pero hay que ponerlo en perspectiva. En primer lugar, el objetivo de los procesos al 'procés' era pedagógico y se ha cumplido: en la Constitución no caben secesiones y la autonomía que se pase de la raya comprobará que el estado tiene 'piolines' de sobra. El riesgo de reincidencia real parece bajo. En segundo lugar, no se puede ignorar que existe un cierto deseo en Cataluña de ampliar el autogobierno, y no hay otra vía legal que un nuevo Estatuto. ¿Cómo de nuevo? Si alterase mucho la situación constitucional, sería inviable, porque la izquierda y el nacionalismo no tienen mayoría cualificada para reformar la Constitución. La otra opción es que el Estatuto encaje con una interpretación algo creativa del Tribunal Constitucional. Para esto no se necesita nada más (ni nada menos) que persuadir a ciertos magistrados de que existe el margen interpretativo. Ese Estatuto se sometería a referéndum legal y no es difícil que salga exitoso y legitimado.

Naturalmente, esas negociaciones van a incluir una mejor financiación de Cataluña, que restringe a otras comunidades y puede suponer subidas de impuestos para todos, y dar prioridad a ciertas actuaciones en aquella región, en materia de comunicaciones. No cabe duda de que un nuevo Estatuto, y el hecho de que las 'bisagras' de esta mayoría parlamentaria estén en Barcelona y en Vitoria, afectan profundamente al estado autonómico, y creo que en Cantabria no se está armando un discurso adecuado para afrontar la nueva situación y proteger el interés regional. Bien podría ocurrir todo esto a la vez: perder nuestra posición líder en financiación por habitante; sufrir molestas subidas de impuestos (¡autonómicos!) reclamadas desde Barcelona; ver aún más diferidas las ya lentas inversiones del Estado en nuestras prioridades; y asumir la existencia de facto de autonomías de primera (las forales y Cataluña) y de segunda. Menuda celebración de nuestro 40º aniversario.

Este futuro es un terreno inculto, donde no sabemos qué saldrá de lo que se siembre. Tampoco el poder ejecutivo puede abusar del poder de beneficiar a quienes a él le mantienen. En realidad, deben rectificar los que delinquieron. Si no lo hacen, la siguiente 'voluntad popular' va a ser de muy distinta configuración y el siguiente 'president', Piolín.