Indultos a revisión

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, incurrió ayer de nuevo en ello al abonar la presunción de que toda resolución judicial favorable a los intereses o deseos propios está fundada en Derecho y todo auto contrario obedece a pulsiones ajenas a lo jurídico. Cuando en este concreto caso parecería que la decisión de abordar la legitimidad o no de los litigantes junto a la cuestión de fondo concedería a la resolución final una mayor solvencia técnica. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, defendió que los indultos fueron «legales» y además han resultado «útiles». La medida de gracia es potestativa del Consejo de Ministros, pero con la posibilidad de que el Supremo se pronuncie sobre su legalidad a requerimiento de quienes tengan razones para sentirse directamente perjudicados por su concesión y la instancia a la que se dirijan así lo considere. Es lo que deberá resolver la Sala.

Mientras tanto, el independentismo gobernante en Cataluña debería esperar el pronunciamiento del tribunal dando la razón si acaso con su sosiego a la aseveración del Gobierno sobre la utilidad -se entiende que política- de los indultos, cuya concesión contempla la Constitución por «razones de interés general». Aragonès optó, en cambio, por reprochar a Pedro Sánchez que desde su aprobación «no se ha avanzado» respecto a las demandas soberanistas.