Inevitable, pero peligroso

Por eso, enfrentado al descontento social, el Gobierno ha tomado la decisión de violentar el normal funcionamiento de la economía. En los sistemas de economía libre de mercado –por más apellido «social» que se le añada–, los precios los fija el mercado en función del juego de la oferta y la demanda y hay todo un cuerpo legal dirigido a garantizar su buen funcionamiento que, como siempre, nunca es perfecto. Menos aquí, que el sector funciona con una regulación a veces asfixiante y últimamente ineficaz en lo que antes se denominaba –tiene gracia– como «marco estable». Pues va a volver a intervenir en el sistema y desviar un montón de miles de millones de los ingresos de las empresas para canalizarlos hacia los consumidores.

¿Cómo juzgar la medida? Pues en primer lugar, como inevitable. Entre las «malvadas» empresas energéticas y los «indefensos» ciudadanos, la decisión es fácil para cualquier gobierno. Además, el Ejecutivo ha dado ejemplo al reducir la carga fiscal que soporta la factura, aunque para él es indolora pues eso va contra los ingresos fiscales y ya sabemos que «el dinero público no es de nadie» y que los presupuestos ahogan sus penas en silencio. Pero el triunfo de la política no debería ocultar los daños colaterales que provoca. En primer lugar en la seguridad jurídica. Las empresas invierten en base a las expectativas que genera un determinado marco legal y cambiarlo, mientras está vigente, es una anomalía que puede retraer futuras inversiones. En segundo, la medida tiene que ser coyuntural, como lo es la razón que la justifica. Aquellos a quienes les gusta la intervención pública en el sistema de fijación de precios deberían repasar la inmensa lista de destrozos que tal práctica ha causado en todas las épocas y en todas las latitudes. En tercero, hay que aprovechar la ocasión para hacernos mayores y enfrentarnos a los efectos que provocan nuestras decisiones. Una buena parte del problema está originado por el precio alcanzado por el CO2. Un mecanismo previsto para luchar contra el cambio climático cuyo coste podemos asumir, pero no desconocer.