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El pasado 15 de abril publicaba El Diario Montañés un artículo que situaba a Cantabria entre las comunidades con mayor presión fiscal del país, figurando en el quinto lugar entre las quince comunidades de régimen común y superando la media nacional. En similar sentido, el ... Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021, que elaboran la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation, sitúa a nuestra región entre las menos competitivas fiscalmente, como consecuencia de la mayor tributación por habitante y, por tanto, más proclive a expulsar contribuyentes y empresas. En este estudio se apunta que nuestra región precisaría hacer uso de su capacidad normativa para modificar el tramo autonómico y las deducciones del IRPF, así como reformar en profundidad el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, para mejorar su competitividad fiscal.
Esta información no merece pasar desapercibida y, a modo de aviso a los navegantes, me parece pertinente ponerla en relación con los hechos que se vienen sucediendo en los últimos meses en torno a dos asuntos importantes para el bienestar y el bolsillo de los cántabros: el estado de la sanidad y la situación económica de nuestra comunidad autónoma.
El primer tema está ampliamente documentado: léase la catarata de dimisiones y ceses de personal directivo en el Servicio Cántabro de Salud; la deficiente planificación de recursos humanos; la falta de personal que degrada la calidad asistencial de la Atención Primaria y pone en riesgo el Hospital de Laredo; las listas de espera para una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de 146 días, que supera la media nacional de 123 días; las últimas declaraciones del consejero de Sanidad saliente, exponiendo sus diferencias con la entonces consejera de Economía por la financiación de la sanidad pública. Todo ello apunta a una gestión ineficiente de nuestra principal competencia y a una insuficiente dotación presupuestaria para cubrir las necesidades actuales, presunción que puede verse confirmada en los próximos meses si la deuda farmacéutica vuelve a activar las alarmas.
El segundo aspecto es más sutil y su determinación requiere asociar varias circunstancias: en primer lugar, Cantabria tiene ya una deuda record de 3.426 millones de euros; en segundo lugar, la presión fiscal en nuestra comunidad es una de las mayores del país y, por último, según el planteamiento inicial del Ministerio de Hacienda, nuestra región dejará de ingresar del Gobierno de España 350 millones de euros anuales con el futuro modelo de financiación autonómica; la relación no es exhaustiva, pero su conexión hace presumir un futuro inquietante para la economía de nuestra comunidad autónoma.
Mención aparte nos merece la situación del Ejecutivo regional en una legislatura marcada por los fracasos cosechados a la hora de conseguir fondos europeos para los proyectos estrella (La Pasiega, el MUPAC, el ferrocarril a Bilbao o el centro de protones), por un record de ceses y dimisiones de consejeros y altos cargos, por las reiteradas quejas de las organizaciones empresariales motivadas por la excesiva burocracia y los retrasos en la gestión de las ayudas y, sobre todo, por la ausencia de una estrategia regional de desarrollo que permita precisar políticas y proyectos.
Con este panorama, los escenarios de futuro más previsibles para nuestra región son dos: el reformista, apoyado en una reestructuración del gasto público y una gestión eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales, que permita soslayar la previsible caída de ingresos y, el que denominaremos 'infierno fiscal', en el que manteniendo la actual ineficiencia gestora, se compensaría el decremento de las transferencias provenientes del Gobierno de España con una mayor presión recaudatoria, en un intento de mantener unos mínimos de calidad en los servicios públicos. No me cabe duda de que el primero sería el más deseable, pero requerirá un ejecutivo y un equipo directivo cualificados, capaces de elaborar y poner en marcha un plan de sostenibilidad a medio y largo plazo con el que poder revertir la tendencia económica de Cantabria, ya que no parece que en los últimos años se hayan aprovechado las ventajas del actual sistema de financiación autonómica que nos ha permitido disponer de una financiación por habitante superior a la media nacional. Por otra parte, el reciente cese de la consejera de Economía por anticipar una rebaja de la carga fiscal de los cántabros, no invita al optimismo.
La forma de democracia en nuestro país es la representativa, en la cual los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que gestionen el gobierno diario, aunque teóricamente se mantiene el poder de votar directamente sobre cuestiones importantes mediante un referéndum vinculante. Pero, seamos realistas, nadie nos va a preguntar si deseamos un sistema de comunidades autónomas menos descentralizado a cambio de una menor presión fiscal; la única vía de expresar nuestra opinión sobre este y otros aspectos es la votación a candidaturas políticas para que, una vez concluido el ciclo electoral, se formen los equipos que adoptarán las decisiones que condicionarán nuestra vida. Así pues, tomemos nota del acontecer cotidiano y estemos alerta ante los planteamientos de futuro que nos presenten las fuerzas políticas, ya que en menos de un año tendremos una cita con las urnas. Cierto es que un cambio no garantiza que las cosas vayan a ir mejor pero, en vista de la situación, para que las cosas mejoren se precisa un cambio.
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