El ingreso mínimo vital nos hace mejores como país

¿Cuándo se considera que una persona o un hogar está en condiciones de riesgo de pobreza? La UE ha fijado ese umbral en el 60% de la media de los ingresos de la población; es decir, en España esa línea que delimita la pobreza se sitúa en 8.871 euros al año por persona y en 18.629 euros al año para un hogar de dos adultos y dos menores. A efectos de comparación, téngase presente que el salario medio en España en 2019 ha sido de 27.537 euros al año. Esto quiere decir que, según el Eurostat de 2018, en España hay unos 12 millones de personas (integrados en unos cinco millones de hogares) pobres; es decir, hogares que viven con menos de 739 euros al mes. Esta tasa de pobreza en Cantabria, según el informe Arope 2018, alcanza a 155.556 personas; es decir, al 20% de la población. Hay grados de pobreza y si se profundiza en esta devastadora realidad encontramos que 2,5 millones de personas (5,4% de la población) sufren una pobreza severa, es decir, son personas que viven en hogares cuyo total de ingresos es inferior a 4.435 euros al año (369 euros al mes), el 30% del ingreso mediano. Son 21.136 personas en Cantabria las que están en situación de pobreza severa.

Los datos indican que, a pesar de los programas de rentas mínimas que tienen las comunidades, la pobreza severa está asentada en nuestro país y ello significa que hay millones de personas que no pueden encender la calefacción en invierno o comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; ni tienen capacidad para gastos imprevistos o para comprar una televisión o un teléfono móvil. Ni siquiera tener trabajo aleja la pobreza de nuestros hogares. Las familias monoparentales, mujeres, niños y mayores de 65 años tienen el mayor riesgo de pasar por la situación de pobreza.

Las mujeres registran las tasas más elevadas de pobreza severa. Tener hijos también es un factor de riesgo de pobreza o exclusión: los hogares donde hay niños o adolescentes tienen tasas más altas que aquellos en los que sólo hay adultos. Y especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales: la mitad de los padres o madres que se ocupan en solitario de sus hijos están en riesgo de pobreza.

Esta terrible situación era insostenible para un país que se declara comprometido con la justicia y la cohesión social. De hecho, numerosos organismos internacionales, desde la OCDE, el FMI, Eurostat, la ONU…, hace tiempo que han puesto de manifiesto la injusta distribución de la riqueza en nuestro país y la escasa capacidad redistributiva de las políticas públicas de rentas mínimas.

Si la situación de pobreza ya era una vergüenza nacional, la situación se ha hecho aún más alarmante con la irrupción de la pandemia de coronavirus que ha forzado el confinamiento y la supresión de actividades vinculadas al turismo, comercio, hostelería, etc., sectores con gran peso en el empleo. Esta situación ha arrastrado a muchas personas al desempleo y algunas a la precariedad económica, especialmente grave en el caso de familias con hijos.

Era por tanto absolutamente necesario y urgente poner en marcha políticas públicas que apostaran de forma decidida por la reducción de la pobreza extrema y la redistribución de la riqueza en todo el Estado, asegurando un determinado nivel de renta a toda la ciudadanía que garantizara unos mínimos para una vida digna. Este es el auténtico significado del ingreso mínimo vital: una cuestión de justicia social y ésta es la base de la democracia. Así que el principal objetivo del ingreso mínimo vital debe ser combatir el principal efecto perverso de la desigualdad, que es la pobreza.

El ingreso mínimo vital es una apuesta por una distribución de la riqueza más justa y por ello se crea como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para aquellas personas que viviendo solas o estando integradas en una unidad de convivencia carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas y que se mantiene indefinidamente mientras persista la situación de vulnerabilidad. El ingreso mínimo vital no es una cantidad mensual fija sino que su cuantía depende de las características de los hogares configurándose como un instrumento útil para luchar contra la pobreza infantil complementando su cuantía en función del número de hijos.

El ingreso mínimo vital es una medida que ayudará a la recuperación económica, pues la casi totalidad de su importe se destinará al consumo favoreciendo la estabilidad de comercios y autónomos. Esta ayuda obliga a sus beneficiarios a figurar como demandantes de empleo, y al ser compatible con otros ingresos, incluidos los laborales y los obtenidos por los trabajadores autónomos, no desincentiva el empleo como sucede en la actualidad con la mayor parte de las rentas básicas de las comunidades autónomas. La aprobación del ingreso mínimo vital es un momento histórico para las políticas sociales de nuestro país pues supone un avance hacia una sociedad más igualitaria. Nos hace más dignos como país al ser los poderes públicos los que asumen la responsabilidad de luchar contra la pobreza. Con el ingreso mínimo vital nace un nuevo derecho social que va a reducir en un 80% la pobreza extrema y constituye, seguramente, el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de dependencia en 2006. Estamos de enhorabuena como sociedad y podemos felicitarnos por ello.