Ingreso Vital Mínimo

En el ámbito laboral y, por lo tanto, en el de la percepción de rentas del trabajo, el incremento de la incertidumbre está prácticamente asegurado, sobre todo por las nuevas formas de trabajo y relaciones laborales que están surgiendo. Es precisamente en este contexto, y en el de la desigualdad creciente que el mismo está trayendo consigo, donde hay que inscribir la reciente aprobación, por parte del Gobierno, de la puesta en marcha de un sistema de Ingreso Mínimo Vital (IMV) válido para el conjunto del país. Un sistema que, por cierto, hace que España deje de ser una rara avis en el panorama de los derechos sociales en Europa, máxime cuando nuestra tasa de pobreza severa (que significa recibir menos del 40% de ingresos de la mediana), del 12,4%, duplica la media europea.

Pues bien, aunque menos ambicioso que el que en su día había diseñado la Airef bajo la presidencia del actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el sistema de IMV aprobado, que pretende reducir de forma significativa la mencionada pobreza severa en nuestro país, beneficiará a unos 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con un coste anual próximo a los 3.000 millones de euros.

La introducción del IMV se convierte, así, en un nuevo y potente pilar del Estado del Bienestar que contribuirá, sin lugar a dudas, a mitigar sobremanera la desigualdad y a reducir las importantes bolsas de pobreza que están diseminadas por todo el territorio nacional. Una de sus características más destacadas del IMV es que su percepción es compatible (en parte) con la de otras rentas y muy especialmente con las rentas del trabajo, por lo que, en principio y en contra de lo que algunos temen, no tiene porqué desincentivarlo en absoluto. Como su propio nombre indica, el IMV está diseñado de forma tal que nadie tenga unos ingresos por debajo de los que el sistema considera mínimos (462 euros al mes para un hogar de una sola persona, que se incrementa en 139 euros por miembro adicional del hogar, hasta un máximo de 1.015); lo que el sistema hace es cubrir la diferencia entre estos mínimos y los ingresos con lo que cuente el hogar. Además, al ser un mínimo garantizado por el Estado, el sistema de IMV nacional puede ser complementado por las rentas de inserción o de otro tipo de las autonomías, bien porque éstas eleven los umbrales de percepción, aumenten las ayudas por hijo o, llegado el caso, diseñen otros apoyos específicos.

¿Cómo se financiará este nuevo componente del gasto público? Pues, a priori y al igual que la mayoría del gasto, con impuestos, por lo que, teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad acerca del previsible aumento de la incertidumbre y la desigualdad, es más que probable que, en su momento, tenga que aumentar la presión fiscal. Aunque a nadie le guste pagar más impuestos, me parece lógico y justo que haya que hacerlo, siempre que tal incremento se produzca, naturalmente, aplicando el principio de progresividad fiscal; un principio que, por desgracia, tan poco se aplica en la actualidad.

Por último, e incidiendo en nuestra región, creo que no se puede obviar un hecho importante. Aunque no conviene caer en el error del «España nos roba» que, sin ninguna justificación, mantienen los independentistas catalanes, y aunque es cierto que la pobreza severa en Cantabria está por debajo de la media nacional, no podemos dejar de subrayar que las cifras correspondientes a la comunidad autónoma están muy por debajo de las que, a priori, parece que deberían corresponderla. En efecto, las primeras estimaciones apuntan a que unos 2.000 los hogares cántabros serán beneficiados por la implantación del IMV, lo que supondrá que la ayuda llegará a un total aproximado de 5.500 personas. Si confrontan estas cifras con las dadas anteriormente para el conjunto del país verán que algo no cuadra: en España, por cada 1000 habitantes, habrá 49 beneficiados por el IMV; en Cantabria, solo 9.