Ingresos mínimos

Pero lo que más llama la atención es que ya en la propia España, en forma de ayudas autonómicas, viene existiendo la renta básica: el ingreso aragonés de inserción; la renta mínima de inserción social de Andalucía; la renta valenciana de inclusión; la renta básica de inserción de Extremadura; la renta social garantizada de Baleares; la RISGA de Galicia; la renta de garantía de ingresos vasca; la renta garantizada navarra; la renta mínima de inserción de Madrid; el salario social básico de Asturias; la prestación canaria de inserción; la renta de ciudadanía de La Rioja.

Y la renta social básica (RSB) de Cantabria, que tiene como tope de la ayuda mensual el 125% del Iprem (indicador actualmente fijado en 537,84 euros). En nuestra comunidad, ya una ley de Acción Social de 27 de mayo 1992, siendo presidente Juan Hormaechea con una mayoría absoluta parlamentaria del Partido Popular, estableció en su título tercero varias categorías de prestaciones económicas: pensiones de ancianidad o enfermedad; ayudas sociales a familias; becas; y ayudas de urgencia. Un decreto de agosto de 1996, del gobierno PP-PRC que presidía José Martínez Sieso, reguló el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI). Y en 2007, durante un gobierno PSOE-PRC presidido por Miguel Ángel Revilla, el Parlamento aprobó la ley de Derechos y Servicios Sociales reguló la Renta Social Básica como una ayuda con «carácter subsidiario» respecto de las de la Seguridad Social.

El IMV nacional muestra dos rasgos importantes: en primer lugar, se trata de una prestación de la Seguridad Social; en segundo, advierte que a la hora de calcular los ingresos actuales de los potenciales beneficiarios «no computan los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas». Esto significaría que, si usted es beneficiario de la renta social básica, por ejemplo en el límite máximo, que son unos 672 euros mensuales, el IMV no lo tendrá en cuenta. Por tanto, podrá añadir cada mes, en el caso de dos adultos y dos menores en la unidad de convivencia, 876 euros, que serán 738 en el caso de dos adultos y un menor, por citar algunas de las situaciones previstas. Sin modificaciones, esos hogares pasarían a recibir, respectivamente, al sumar el IMV nacional y la RSB cántabra, 1.548 o 1.410 euros al mes.

Es muy posible que hogares similares en que solo un adulto trabaje tengan ingresos menores a esos, si el salario mensual del trabajador que sostiene la familia no alcanza esas cifras. Si a esto añadimos que existen todos tipo de ayudas complementarias sectoriales (escolares) y de otras administraciones (municipales), se puede dar la paradoja de que salga más rentable no trabajar y ser ayudado que trabajar en un empleo modesto. Más rentable no solo en dinero, sino también en tiempo, pues al ser ayudado uno tiene las 24 horas del día para sí mismo.

Con la suma IMV+RSB que hemos citado saldrían ingresos anuales de 18.576 o 16.920 euros. Los sueldos cántabros anuales fueron de 20.798 euros en los Servicios cántabros en 2018, y de 21.245 en Construcción, según la Encuesta de Coste Laboral del INE. Es decir, la diferencia a favor de un trabajador de estos sectores respecto de un hogar subvencionado podría ser, en promedio, pequeña. Y si no cogemos el promedio y consideramos a los trabajadores de la parte baja de la escala, probablemente ingresarían lo mismo o menos.

Estas posibilidades teóricas, y el carácter legalmente «subsidiario y en su caso complementario» de la RSB (artículo 28.2 de la ley regional) en relación con las prestaciones de la Seguridad Social, quizá abran un debate en Cantabria sobre cómo deberían ser ahora las ayudas autonómicas, una vez que existe el IMV. Esto es tanto más urgente cuanto que el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo y los ingresos familiares será importante.

El efecto conjunto del IMV y de la revisión de la RSB será, muy posiblemente, un sustancial incremento porcentual de los ingresos de las unidades familiares cuyo sostén son estas prestaciones públicas de rentas. Esto mejorará su poder adquisitivo, lo que es bueno para la economía en general y para su calidad de vida en particular, incluidas las oportunidades de los niños. Y puede haber una mejora del saldo de Cantabria con el resto de España si el IMV sustituye gasto autonómico en RSB (hoy más de 30 millones de euros).

Parece políticamente complicado que esos ingresos garantizados suban tanto como para ser superiores a los de los trabajadores con sueldos más modestos. Pues, en ese caso, estos estarían pagando con sus cotizaciones las ayudas a otros que ingresan más que ellos y, de todos modos, no solo no habría incentivos para que los ayudados quisieran ciertos empleos, sino que además los habría para que los trabajadores con situaciones más precarias prefiriesen la renta básica (y su tiempo libre) al empleo. Naturalmente, una solución intermedia a esta doble tensión es que la ayuda social sea compatible hasta cierto punto con un empleo y viceversa, que los trabajadores con peores sueldos puedan recibir una renta básica como complemento. Mas esto, que seguramente lo vamos a presenciar, no elimina del todo el problema, simplemente lo desplaza hacia arriba, hacia otros trabajadores que ganan algo más por su cualificación y ahora verían sus ingresos igualados por otros sin cualificación o que directamente no trabajan. ¿Cuál es entonces el incentivo económico al esfuerzo formativo y laboral del capital humano medio?

Como señala uno de los defensores de la renta básica, el francés Thomas Piketty, en la parte programática de su último libro ('Capital e ideología'), que aboga por un socialismo cooperativo, pues Francia siempre ha sido la diseñadora cartesiana de utopías geométricas, «la ambición debe ser la de una sociedad basada en una remuneración justa del trabajo». Precisamente la organización y transformación (¡y la definición!) del trabajo es crucial. El IMV no ha tenido muy en cuenta ni las rentas básicas autonómicas ni el problema laboral. Veremos hasta qué punto puede corregir esas omisiones.