Inversión pública, autonomía inversora y cohesión europea

En relación con el primero, la cuantía de la inversión pública, es sabido que sufrió una fuerte caída entre 2008 y 2009 y que, aunque se recuperó en los años siguientes no lo hizo en la medida necesaria como para alcanzar los niveles previos al estallido de la crisis. El caso español es, en este respecto, muy significativo: en 2008 tal inversión superó el 5% del PIB, en 2012 cayó por debajo del 3%, en 2016 no alcanzó ni siquiera el 2%, y en 2019 repuntó algo, pero apenas superó esta última cifra. La conclusión, por lo tanto, es que, pese a que, en conjunto, se han hecho algunos esfuerzos importantes por parte de las administraciones para retornar a la senda inversora del pasado, todavía falta un buen trecho por recorrer, particularmente en España, que, junto con Portugal, son los dos países en los que la ratio inversión pública/PIB es la más baja de toda la UE.

Los fondos comunitarios, y muy particularmente el Feder y el Fondo de Cohesión, han jugado un papel fundamental en el mantenimiento de la inversión pública (han impedido que la caída fuera mayor), ya que representan, en promedio, en torno al 10% de la inversión pública total. Más en concreto, y mientras que en España la cifra ronda el 20% y en los países de la cohesión sobrepasa el 40%, en los que no forman parte de tal grupo el porcentaje no llega al 4; en consecuencia, y al menos desde una perspectiva nacional, sí se puede afirmar que los mencionados fondos han contribuido a la cohesión. Cosa distinta es, desde luego, lo sucedido dentro de cada país, donde hay ejemplos de todo tipo; España, aunque no en gran medida, es un ejemplo de divergencia, pues tanto la crisis financiera como la pandemia han traído consigo un cierto aumento de las disparidades regionales. En relación con la inversión pública, un aspecto que queremos hacer notar aquí es el papel protagonista que en la misma juegan las administraciones subnacionales. Dos son, en este sentido, los aspectos a resaltar: por un lado, su gran importancia relativa; y, por otro, su desigual evolución temporal.

En relación con el primero, valga decir que en 2019, último año para el que se cuenta con información homogénea, casi el 60% de la inversión pública en la UE se canalizaba a través de las administraciones regionales y locales; en cuanto al segundo, hay que señalar que, mientras que en el promedio de la UE el porcentaje no sufrió una gran variación (representó siempre entre el 1,5 y el 2% del PIB), en algunos países, como España, Letonia o Irlanda, osciló entre unos valores máximos por encima del 3% en 2008 y unos mínimos del 1,6, 1,2, y 0,5%, respectivamente, en 2016, para terminar aumentando ligeramente en 2019.

El hecho de que la inversión pública se canalice (ejecute) en su mayoría a través de los gobiernos subnacionales no significa, necesariamente, que estos sean autónomos para dirigir la misma a los sectores y actividades que consideren más importantes. En qué medida tienen capacidad (son autónomos) para formular y promover políticas de inversión adaptadas a su contexto geográfico es, sin embargo, una cuestión importante que la UE ha tratado de medir a través de dos indicadores, uno para las autoridades regionales y otro para las locales. En ambos casos, la norma es que tal autonomía ha ido aumentando con el paso del tiempo y que tiende a ser mayor en la administración local que en la regional, aunque no en el caso de los países federales (Austria, Bélgica y Alemania) y muy descentralizados (España e Italia).

Dado que la diversidad en la Unión Europea sigue siendo cierta tanto en materia de la cuantía de la inversión pública, como en la parte de la misma que es canalizada por las administraciones regionales y locales, así como en el grado de autonomía del que éstas gozan para dirigirla donde más les conviene, no llama la atención que las disparidades regionales se reduzcan poco y lentamente, o incluso que aumenten.