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Si una vecina en Cantabria, de Riotuerto, Mazcuerras, Castro-Urdiales o Pesués, quiere desplazarse, ir a la consulta médica, a la biblioteca o al cine, tiene el mismo derecho que un vecino de Barcelona, Rincón de la Victoria o Camprovín. ¿Estamos de acuerdo? Las necesidades ... de las personas están por encima del territorio donde se produzcan. Partiendo de ahí es fácil deducir lo que pensamos del movimiento tacticista del PSOE en Cataluña. La solidaridad, y no la ordinalidad, debe ser el principio sobre el que se sustente cualquier sistema fiscal. Más en nuestro país, en el que es escandalosamente fácil azuzar al enfrentamiento a los pueblos que debiéramos estar colaborando. No somos, ni debemos ser, enemigos de Cataluña, Canarias, Asturias o sus habitantes. Sí somos enemigos de la desigualdad. Si el sistema nacido en 1978 está agotado, la renovación tiene que ser coordinado. Tenemos los mismos derechos en Riotuerto, Huesca, Compostela, Alicante o Valladolid.
No seríamos honestos si obviásemos que Cantabria es, hoy, una de las comunidades mejor financiadas por habitante y también una de las que más deuda pública ha contraído con el Estado (gracias, Diego, Revilla y Buruaga). Sin embargo, no se puede considerar solo el último ejercicio para pensar en qué comunidades autónomas están mejor financiadas. Habría que considerar quiénes han recibido inversiones desde la Transición, quiénes están mejor conectadas con el resto de los territorios, quiénes pueden ofrecer trabajos de calidad a su población. Habría que considerar de dónde se ha retirado la industria y adónde ha ido, quiénes sufrimos crisis largas de vivienda, en qué lugares el turismo se vuelve un modo de vida a la desesperada, cuántos jóvenes abandonan qué comunidades, la extensión territorial, la orografía, la densidad de población, el envejecimiento. Con estos datos ya podemos hacernos una idea más clara de la enorme desigualdad que nos afecta y que empieza, evidentemente, por el dinero.
De cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Hablamos de federalismo? No puede ser, no va a ser, que se mantengan desigualdades en las que unos territorios sirvan y otros manden. Cantabria no es la playa de nadie, sino nuestro hogar, con tanto derecho al bienestar y la comodidad como Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha.
Una reforma en clave federal puede ser una oportunidad para que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso a servicios públicos y las diferencias impositivas se enmarquen dentro de un equilibrio coordinado. Sobre todo, para Cantabria, que tiene una situación particularmente delicada; no hay más que ver las encuestas sobre actividad económica y demografía. El PSOE, el PRC y, por supuesto, el PP, no han sido capaces de proponer una alternativa, ni desde la legislación, ni desde la administración, ni desde la imaginación. En Cantabria queremos más y mejor transporte y que llegue a medio rural, planificación urbana y acceso a la vivienda, personal médico en los centros de salud durante todo el año, condiciones dignas para el profesorado o el tercer sector, oportunidades justas para la juventud... Es porque queremos esto por lo que apoyamos una reforma federal. Por el contrario, una reforma confederal, asimétrica, podría hundir a Cantabria en un agujero del que difícilmente saldría.
¿Qué hacer? Desde Izquierda Unida lo tenemos claro: vayamos a por un modelo federal, en el que el autogobierno que dictan los Estatutos de Autonomía (económico también, que sin pelas detrás el resto es cosmético) sea de todos y para todos. Para esto, hay varias medidas que serían el preludio a una reforma constitucional. Vamos a concretar tres:
La primera es un plan para condonar la deuda de las comunidades con el Estado. Vamos a imaginar que tengo diez euros en cada bolsillo, y que para pasar dinero de uno al otro tengo que pagar casi dos euros de intereses a 'Don Banco'. No podemos limitar nuestro gasto así.
La segunda consiste en impedir el dumping fiscal y acordar que el impuesto de sucesiones, el IRPF y sus desgravaciones y todas las tasas e impuestos que dependen de las comunidades se ajusten a una horquilla en la que todo el mundo quepa y nadie se salga y que sirvan para redistribuir la riqueza. En concreto: Buruaga no puede dejar de ingresar 35 millones –gracias a su reforma fiscal para los de arriba– y luego quejarse de los malvados catalanes o de que no lleguen más ingresos del Estado. Ingréselos y úselos desde Cantabria, presidenta, aunque a sus amigos más pudientes no les haga gracia. No puede haber favores para quienes más tienen y migajas para el resto.
Y, en tercer lugar, la financiación local. Los ayuntamientos son la puerta de entrada de todas las peticiones vecinales, incluso las que exceden a sus competencias, por ser la administración más cercana a los vecinos y vecinas. Sin embargo, es la más lejana a los recursos públicos con los que dar respuesta rápida y de raíz a sus servicios más básicos y a su despliegue.
Izquierda Unida está por el federalismo y la solidaridad. Se trata de financiar servicios y de mejorar la calidad de vida de la gente, no de los territorios. Vivir juntos para no malvivir solos. El máximo bienestar y la máxima libertad para todo el mundo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con medidas tan positivas y, sobreotodo, tan justas?
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