La OLA en la playa

Esta semana hemos conocido que habrá que pagar en El Sardinero por aparcar junto a la playa durante los meses de julio y agosto. Se veía venir, básicamente, porque ya apenas quedan lugares donde meterte con el coche casi hasta la arena sea gratis. Las consiguientes quejas no se han hecho esperar, por más que el pago ya esté instaurado en otros ayuntamientos de la región. Sobran ejemplos cercanos de todos los colores políticos. En Comillas, donde gobierna el PRC y la concejalía de Turismo pertenece al PSOE, resulta que el aparcamiento de pago junto a la playa funciona desde 2022, con una salvedad: que allí hay que aflojar la cartera no dos, sino tres meses, del 15 de junio al 15 de septiembre, no sea que se escape algún papardo sin pasar por caja. Ribamontán al Mar, también gobernado por el PRC, se adelantó un año a la medida; en Castro, ante las quejas de sus vecinos, la alcaldesa (PSOE) defendió la medida porque «protege y facilita las cosas a los castreños por encima de sus visitantes». Podemos seguir por Laredo, Santillana del Mar…

Ahora bien, cualquier medida de este tipo, con la que el Ayuntamiento de Santander recaudará más dinero, que seguro será bienvenido para el mantenimiento y limpieza de las playas –y el resto de la ciudad–, debería venir acompañada de una alternativa a modo de aparcamiento disuasorio, por más que sea a una distancia prudente. La conversión a pago de plazas que antes eran gratuitas, sin margen a otra opción, simplifica la medida a un mero afán recaudatorio, que no por ser frecuente en otros lugares pierde esa condición. Y dos errores no hacen un acierto. En 1901 tenían la opción de bañarse en la Bahía y los muelles de San Martín y Puerto Chico para ahorrarse el tranvía. Me temo que en eso hemos salido perdiendo.