Israel, ante el Tribunal de La Haya

Para el Estado judío, proclamado en 1948 tras los horrores del Holocausto, es doloroso e inquietante verse acusado de cometer tal crimen. En el supuesto de que tras el proceso iniciado el pasado jueves el tribunal de La Haya reclame al Gobierno israelí el cese de operaciones que puedan afectar a civiles, no tiene los medios para hacer cumplir sus decisiones. Si solicita sanciones contra ese país ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos las vetará. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, acaba de calificar de «infundada» la demanda.

Los bombardeos sobre población civil son crueles, pero tal y como está definido en el Estatuto de la Haya el genocidio —las palabras son muy importantes en Derecho— para que exista tiene que haber una intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No parece el caso.

Pudiera ser que las actuaciones de Israel en Gaza violaran los protocolos de Ginebra, que se refieren a la protección de la población civil en tiempos de guerra, en cuyo caso estaría incurriendo en crímenes de guerra, pero nunca en un genocidio. La elección de una acusación por genocidio parece perseguir una intención de desgaste de un país que tiene en su memoria fundacional el dolor de la Shoá; un genocidio contra los judíos, sistemático y perfectamente planificado como tal. Por esta razón, un hipotético dictamen de la Corte ordenando el cese de los bombardeos podría tener un significado simbólico considerable.

En la denuncia de Sudáfrica se menciona expresamente que se ordene a Israel que «ponga fin de inmediato a todos los ataques militares», «deje de matar y causar graves daños físicos y mentales al pueblo palestino en Gaza» y «no imponer condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción física» de los habitantes de Gaza. Tales acciones solo pueden clasificarse legalmente como genocidio si se prueba que están encuadradas en un proyecto para eliminar físicamente a los palestinos de la Franja. Tal intención genocida es imprescindible para definir el «crimen de crímenes»: el genocidio.

Los abogados de Sudáfrica han aportado en 84 páginas pruebas documentales que recogen las diversas declaraciones «deshumanizantes» realizadas por el jefe del Estado, el primer ministro, los responsables de varias carteras y altos funcionarios, procedentes de diversas fuentes, que acreditarían esa «intención genocida»

Es cierto que el 16 de octubre de 2023, ante la Knesset, Benjamín Netanyahu describió la guerra contra Hamás como una «lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la humanidad y la ley de la selva». El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: «Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Imponemos un asedio total a Gaza. No hay luz, ni agua ni gas, todo está cerrado». Algunos de sus comentarios fueron pronunciados en los días que siguieron al baño de sangre del 7 de octubre de 2023. Y lo que es peor, se mezclan con los de los ministros de la extrema derecha religiosa, que siguen pidiendo una limpieza étnica en Gaza.

Los abogados de Sudáfrica piden a los jueces de La Haya que exijan a Israel castigar cualquier «incitación al genocidio» y acceso sin restricciones para los habitantes de Gaza a la ayuda humanitaria, así como que los expertos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los investigadores de la Corte Penal Internacional puedan entrar en la Franja.

Hasta ahora ningún Estado se ha sumado formalmente a este procedimiento, aunque algunos gobiernos han hablado de «genocidio», según destacan los representantes jurídicos de Sudáfrica, que han citado a Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Irán, Turquía, Venezuela y, por supuesto, Palestina. Otros trece estados que han mencionado el «riesgo de genocidio» también han sido citados.

El Gobierno israelí ha aceptado el procedimiento y ha nombrado a un juez 'ad hoc' para que defienda su posición en La Haya: el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, superviviente del Holocausto, lo hizo el pasado viernes. Sudáfrica podrá nombrar otro juez 'ad hoc'.

Israel tiene una oportunidad única para defender durante este proceso su causa en Derecho asumiendo un alto el fuego que pueda acordarse por la Corte Penal Internacional y para retornar de alguna manera al Acuerdo de Oslo, que le costó la vida al añorado exprimer ministro Isaac Rabin. Ojalá, Dios lo quiera.