La Línea, el 'Brexit' y Gibraltar

Según el Ministerio español de Exteriores, «el 80% del futuro tratado que regulará las relaciones entre la colonia y la Unión Europea tras el 'Brexit' ya está acordado». Ese 20% que falta no termina de rematarse a causa de asuntos sensibles sobre los que ha sido imposible, hasta la fecha, llegar a un acuerdo.

El quid de la cuestión radica en la aplicación de la reglamentación europea del espacio Schengen al tráfico fronterizo en la Verja, según el cual el control para entrar en Gibraltar una vez que se alcance el acuerdo bilateral corresponderá a la Policía española, mientras que los empleados de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) ejercerán «una función auxiliar», lo que implica que los policías españoles deberán «poder moverse libremente por todo el recinto fronterizo» y prestar servicio «de uniforme» y «portando armas».

El ministro principal de la colonia, Fabian Picardo (laborista), reaccionó declarando que esa presencia, por muy limitada que sea, de policías españoles en el espacio fronterizo, armados y uniformados, constituía una 'línea roja'. El señor Picardo imposta interesadamente el gesto teatral pero la presencia de la Policía española en la zona fronteriza de Gibraltar estaba ya pactada en el acuerdo de Nochevieja de 2020 entre la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y su homólogo británico, Dominic Raab. «España y Gibraltar harán los controles de personas y equipajes en las instalaciones del puerto (...). Oficiales españoles y gibraltareños compartirán oficinas en una instalación en el aeropuerto creada con este fin», especificaba el documento aceptado entonces por el Gobierno británico y el gibraltareño.

España es el principal responsable jurídico y político del control de las entradas en el espacio Schengen en su frontera con Gibraltar, ya que Reino Unido no ha suscrito dicho Tratado y Gibraltar no puede suscribirlo por su condición de colonia. El lado británico-gibraltareño no tiene legitimidad ni competencias que le permitan asumir funciones de control para Schengen actuando en nombre y en interés de la UE. Británicos y gibraltareños son por su propia voluntad ajenos a la UE, aunque el voto masivo en la colonia fuera contrario al 'Brexit'.

Si no se alcanza un pacto y se aplica a la frontera de Gibraltar el acuerdo Schengen, los británicos no podría cruzar sin sellar el pasaporte y justificar el motivo del viaje, ni prolongar su estancia más de 90 días en un periodo de tres meses; los gibraltareños no podrían pasar a este lado de la Verja, donde muchos tienen su segunda residencia, sin control de pasaporte. En noviembre próximo, cuando entre en funcionamiento el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen, el paso de la Verja para los gibraltareños implicará el escaneado de pasaportes y el registro de datos barométricos, al que deberán someterse tanto también los británicos residentes en Gibraltar. A mediados de 2025 se pondrá en marcha el sistema Etias, que obligará a pedir autorización previa para entrar en Schengen a los nacionales de países terceros a los que no se exige visado para visitas de corta duración, como Reino Unido.

Si el acuerdo se culmina en los términos colaborativos propuestos, todos los residentes en el Peñón quedarán exentos de someterse al SES y al Etias. Pero si no se produce, tendrán que aplicarse, con el impacto que eso puede originar sobre la normalidad del tráfico de personas, mercancías y vehículos en la frontera de Gibraltar con la Línea.

España y Reino Unido planean nuevas infraestructuras en la frontera, por si La Verja, en vez de derribarse, como era el propósito inicial, debe reforzarse. Para el Gobierno español, el cambio de inquilino en el 10 de Downing Street y el impulso del nuevo Gobierno laborista pueden ser una oportunidad antes de que, en otoño, se impongan los nuevos controles en La Verja y deje su cargo el comisario europeo Maros Sefkovic, que hasta ahora ha representado a la Comisión Europea en la negociación.