Trump, tocado pero no hundido

Esa enmienda sostiene que no pueden ser candidatos quienes, en el ejercicio de un cargo público, hayan intervenido en una insurrección contra la Constitución después de haber prestado el juramento de defenderla. No existe ningún precedente de que el destinatario de una medida de ese tipo haya llegado a ocupar la Casa Blanca. El apartado tercero de esa enmienda se refiere de manera general a «funcionarios de los Estados Unidos».

Los jueces que han examinado la cuestión hasta la fecha han hecho una interpretación restrictiva al entender que al presidente de EE UU no debe incluirse entre esos funcionarios públicos, cuando precisamente es a quien se le debe exigir un respeto más estricto a la legalidad, ya que es el que más responsabilidad tiene. No estamos, además, ante una norma penal que debe ser leída restrictivamente, sino ante una norma constitucional sobre elegibilidad que pretende garantizar la idoneidad para presentare al cargo más importante de los Estados Unidos de América. No puede considerarse que un aspirante que, habiendo jurado respeto a la Carta Magna, se ha involucrado en una insurrección contra los principios que protege esa misma ley fundamental reúna las condiciones para optar a ese puesto de tanta relevancia.

El tribunal de distrito de Colorado declaró probado, solo a estos efectos, que Trump alentó esa insurrección. La Corte Suprema de ese Estado lo descalifica incluso para concurrir a las primarias del Partido Republicano. El Tribunal Supremo de EE UU, si el expresidente apela ante él como anunciaron ayer sus abogados, tendrá que zanjar definitivamente la cuestión y deberá hacerlo con celeridad, como ha ocurrido en ocasiones precedentes en las que se plantearon cuestiones relativas a un proceso electoral.

A mi juicio sería insólito que, tras la contundente afirmación del tribunal de instancia dando por probado que las acciones de Trump antes y durante el 6 de enero de 2021 constituyeron una participación en una insurrección y que la Justicia tiene autoridad para hacer cumplir la sección 3 de la 14ª enmienda también contra una persona a quien el Congreso no haya designado específicamente, pudiera aceptarse que el expresidente fuera elegible para el mismo cargo que desempeñaba cuando se rebeló contra el orden constitucional.

El fallo, de momento, se aplica sólo en Colorado, pero si el Tribunal Supremo de EE UU lo confirma, Trump podría ser descalificado con carácter general. Demandas similares en Minnesota y New Hampshire fueron desestimadas por motivos de procedimiento, lo mismo en Michigan, donde los demandantes han apelado ante la Corte Suprema estatal.

Las demandas planteadas en Colorado formulan las siguientes cuestiones: ¿Fue una insurrección cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 tratando de detener la certificación de las elecciones de 2020? De ser así, ¿Trump participó en esa insurrección a través de mensajes previos a sus seguidores, su discurso de esa mañana y sus publicaciones en Twitter durante el ataque? ¿Tienen los tribunales administrativos la autoridad para hacer cumplir la sección 3 de la 14ª enmienda sin la acción del Congreso? ¿Y la sección 3 se aplica a la presidencia? La jueza Sarah B. Wallace, que ha dictado el fallo del tribunal de distrito en Colorado, contestó afirmativamente todas las preguntas, salvo la última. La Corte de Colorado ha corregido a la jueza de distrito resolviendo afirmativamente esa última cuestión.

Le tocará ahora al Tribunal Supremo de Estados Unidos zanjar el debate y definir la verdad jurídica del caso.