Menores en la red

Ya vamos tarde. He sido el ponente de este proyecto en el Parlamento Europeo y resulta incomprensible e irresponsable que, cuando la Cámara ha producido ya un texto, el Consejo, a día de hoy, ha sido incapaz de hacerlo. Mientras tanto, sigue agrandándose la dimensión de este verdadero azote que es la proliferación de contenidos pedófilos en la red y el acoso y extorsión sexual sobre menores. El acceso libre de los memores a plataformas de distribución de pornografía es un grave problema, pero es solo una parte del desafío moral, técnico y jurídico al que tenemos que responder.

Todos los informes de solvencia contrastada siguen alertando del aumento de estos contenidos en la red. La alarma se agrava ante el incremento de los casos de extorsión y acoso sexual –el llamado 'grooming'– que suponen la mitad de las denuncias que reciben y sustancian las autoridades y las organizaciones dedicadas a la prevención, a la identificación de estos contenidos y a la asistencia a las víctimas. Estas son cada vez de menor edad. El segmento que mas crece es el comprendido entre 10 y 12 años. Las víctimas siguen siendo niñas o mujeres adolescentes, más del 94%, aunque se observa que las agresiones sexuales sobre niños que luego son reproducidas en la red revisten en muchos casos una extremada violencia. Para completar un cuadro ya más que preocupante, la inteligencia artificial generativa ofrece nuevas posibilidades para la producción de pornografía infantil.

Lo que se propone desde el Parlamento, a partir de la iniciativa de la Comisión, es, primero, un marco obligatorio para todas las compañías proveedoras de servicios de internet en la UE. Todas deben quedar obligadas a evaluar los riesgos de que esos servicios que ofrecen sean utilizados para la finalidad de difundir imágenes de abuso sexual infantil o acoso y extorsión sexual a menores. A partir de esa evaluación, las compañías deberán adoptar las medidas de mitigación de esos riesgos. Si esas medidas se demostraran insuficientes, a través de un procedimiento específico, la autoridad judicial nacional podrá establecer intervenciones más estrictas de detección, siempre con un criterio restrictivo para no afectar a derechos fundamentales. Entre las medidas de prevención, el Parlamento ya ha establecido la necesidad de disponer un procedimiento fiable de verificación de la edad para el acceso a determinados contenidos y servicios. Se introduce la obligación de incorporar controles parentales y de introducir medidas de seguridad en el propio diseño de las aplicaciones y servicios. Es evidente que las compañías que ofrecen servicios pueden y deben velar por que sus servicios no alojen contenidos de abuso sexual infantil y tendrán que recibir y cumplir con las ordenes de retirada de aquellos contenidos que se detecten en la red.

La propuesta legislativa del Parlamento es plenamente garantista. Ni afecta a la encriptación de extremo a extremo de las comunicaciones ni somete a un escaneo general de todas las comunicaciones en la red, lo que sería ilegal de acuerdo con el derecho europeo y, además, inútil. Lo que hay que evitar a través de todos los medios tecnológicos y de los procedimientos que garantizan el respeto a los derechos y libertades de los usuarios de internet es que haya espacios de impunidad para los pederastas, los acosadores y los agresores sexuales.

Urge, por tanto, una actuación rápida y coordinada de los gobiernos de la Unión para alcanzar un acuerdo con el Parlamento y llevar a la realidad una reglamentación uniforme en toda Europa que proteja a nuestros menores para que la red no sea un territorio en el que los menores sean las víctimas fáciles de lo peor que circula por aquella.