La educación y el 28M

La transformación del modelo de debate político no puede venir solo del lado de los partidos, tiene que demandarse también desde la sociedad civil. Tenemos que ser exigentes con quienes nos van a representar y reclamarles un cambio en las formas de comunicar y en los contenidos que se discuten. En este sentido, los comicios del 28 de mayo no pueden ser un espectáculo en el que los líderes estatales actúan acompañados de los teloneros regionales; no puede ser que nos quieran entretener con las ocurrencias o las meteduras de pata de los primeros, mientras apenas nos llega información de lo que piensan hacer los segundos. Es por eso que, desde los movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, colectivos, organizaciones no gubernamentales, etc., tenemos el derecho y el deber de exigir qué nos detallen el proyecto que tienen, en este caso para Cantabria, las distintas formaciones que concurren a las urnas. Ahora toca hablar de lo que se decide en el ámbito autonómico y local que, entre otras muchas cosas, incluye la mayor parte de los servicios públicos. Si el debate que irradia del centro se empeña, por ejemplo, en discutir sobre quién va a rebajar más los impuestos, desde la periferia deberíamos responder exigiendo que aclaren cómo se van a ver afectados los servicios públicos que se gestionan desde nuestro territorio y se financian con dichos impuestos.

En el caso de uno de esos servicios como es la educación, cuyo futuro depende del próximo resultado electoral, es pertinente que nos interroguemos sobre la importancia que cada formación política le va a conferir, y que preguntemos sobre el modelo que tienen para Cantabria. La importancia habrá que expresarla en términos concretos de presupuestos, para ver si estos seguirán siendo parecidos, crecerán o disminuirán. También es primordial aclarar, antes de que las papeletas se introduzcan en las urnas, si la red pública va a seguir siendo la locomotora del sistema o si se piensa apostar por la red privada, tanto aumentando su financiación, como extendiendo los conciertos a más etapas educativas.

En cuanto al modelo habrá que preguntar si se piensa poner el acento en todo lo que tiene que ver con la inclusividad, la atención a la diversidad, la compensación de desigualdades, el pensamiento crítico o la formación de una ciudadanía responsable y comprometida con la igualdad, la sostenibilidad, etc. o, por el contrario, será un modelo más segregador en el que las prioridades estarán focalizadas en la instrucción, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades más ajustadas a las necesidades del mercado laboral y la economía del futuro. No menos interesante resultará saber si por fin va a haber una administración educativa de verdad preocupada por la identidad de Cantabria, y que conceda el lugar que curricularmente le corresponde a nuestra cultura, historia y patrimonio, tanto material como inmaterial.

Si de las inquietudes que puede tener la comunidad educativa descendemos a los anhelos más concretos del sector docente, nos encontraremos con un profesorado que ha salido exhausto de la pandemia, que se encuentra agobiado en su adaptación a los nuevos curriculos, y presionado por la exigencia de mejorar su competencia digital e idiomática. Unos enseñantes a los que les gustaría conocer, entre otras cuestiones, el apoyo y reconocimiento que pueden esperar de los distintos partidos si gobiernan; cuáles son sus planteamientos sobre la disminución de ratios, el futuro de la interinidad o sus intenciones en materia salarial. El profesorado en particular, el conjunto de la comunidad educativa y la sociedad cántabra en general, nos merecemos en estas elecciones que también se hable de manera seria y rigurosa de la política educativa. Se trata, en última instancia, de hablar de ese futuro mejor que queremos construir entre todos y todas.