El gato de Schrödinger y la democracia

La reacción de los dirigentes políticos que están actualmente al frente de la educación cántabra ha sido enviar instrucciones a las direcciones de los centros para, entre otras medidas, sugerirles que recurran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e impedir así el desarrollo de la protesta. Lo mismo que en la paradoja cuántica, en la que durante un tiempo el gato de Schrödinger estaba vivo y muerto a la vez, y sólo al final descubríamos su verdadero estado, hemos tenido que esperar a que el profesorado se movilice y observar lo que pasaba para descubrir la auténtica realidad de nuestras autoridades educativas.

Con independencia de las valoraciones que podamos hacer sobre el recurso a la fuerza para frenar una protesta pacífica y democrática, cabe preguntarse sobre el resultado práctico de esta medida: ni las direcciones de los centros recurrieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni se pudo impedir el desarrollo de los encierros. Lo más importante: tampoco parece que se haya conseguido amedrentar ni criminalizar al profesorado; más bien, al contrario. En efecto, el colectivo docente se ha revelado como un grupo bien organizado, con imaginación para experimentar nuevas formas de protesta; un colectivo plenamente consciente de sus derechos democráticos, que quiere y sabe defenderlos, y que no se deja asustar fácilmente. El intento de criminalización, que conlleva el recurso a las fuerzas de orden público, también ha fracasado, en la medida en que los enseñantes han sabido convertir los centros en un entorno que sirve de ejemplo democrático al resto de la comunidad educativa; ejemplo de cómo se ejercen los derechos y se sostienen pacíficamente las reivindicaciones.

Dicen que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. En el caso de la presidenta del Gobierno de Cantabria y del consejero de Educación, esta aseveración tiene mucha validez. Basta recordar las movilizaciones que tuvieron lugar en nuestra Comunidad Autónoma entre 2011 y 2015 (la marea verde') y compararlas con el actual conflicto de la enseñanza. Hace tres legislaturas, el Gobierno cántabro y la Consejería de Educación en particular, optaron por la confrontación total y la represión, terminando incluso algunas de las personas que lideraban las organizaciones sindicales sentadas frente a un tribunal de justicia. Aunque las acusaciones no prosperaron finalmente, la intención política subyacente era escarmentar a los representantes del profesorado haciéndoles pasar por la pena de banquillo y, de paso, atemorizar al conjunto de los enseñantes que llevaban tiempo movilizándose. De nada sirvió, porque el conflicto terminó enquistándose durante cuatro años, convertido en una guerra escolar que marcó toda una legislatura: los cuatro años en los que María José Sáenz de Buruaga fue vicepresidenta de Gobierno. Ahora, con este intento lamentable de impedir los encierros recurriendo a las fuerzas de orden público, vuelven a cometer el mismo error.

Finalmente, se podría reflexionar sobre si el recurso a prohibir la protesta ha marcado un punto de no retorno o si, por el contrario, la situación aún está a tiempo de reconducirse. La respuesta sólo la tienen la Consejería de Educación y el Gobierno de Cantabria en general. Es a estas altas instancias políticas a quienes corresponde volver a una retórica más persuasiva, haciendo una propuesta concreta con plazos y cantidades que dé respuesta al deseo del profesorado de una adecuación retributiva justa después de años de congelación salarial. No hacerlo demostrará que, efectivamente, no han aprendido nada de la historia y, por tanto, están condenados a repetirla.