Financiación autonómica

Sería importante acertar en la nueva financiación autonómica, con un modelo que evitara distorsiones de la competencia vía fiscalidad, que tuviera en cuenta la población pero también el coste efectivo y el mantenimiento de la prestación de servicios de calidad en igualdad de condiciones, valorando características del territorio y que respetara la autonomía y corresponsabilidad tributaria.

El Estado y las comunidades autónomas acordaron un sistema de financiación vigente desde el 1 de enero de 2009, un paso en la consolidación y sostenibilidad de nuestro Estado Autonómico al garantizar las prestaciones del Estado del Bienestar, desde la equidad, la suficiencia y la corresponsabilidad.

El 17 de enero de 2017, la Conferencia de Presidentes Autonómicos acordó la creación de una Comisión de Expertos que diseñara un nuevo modelo de financiación autonómica, que revisara el concepto de «población ajustada», ponderando la población con factores demográficos y geográficos y que ese modelo se fundamentara en principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.

El Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 acordó la constitución de la Comisión de Expertos que concluyó sus trabajos en julio del mismo año y el gobierno de Rajoy recibió el informe encargado.

Entonces, y también ahora, se manifiesta un primer consenso: las comunidades autónomas que gestionan servicios públicos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, necesitan más recursos. Pero no se avanza en un consenso posterior, porque hay peculiaridades difíciles de encajar entre territorios gobernados por partidos políticos diferentes. Sería fundamental un acuerdo entre el PSOE y el PP, para avanzar en un posterior acuerdo entre los gobiernos central y autonómicos.

El informe de la Comisión de Expertos destaca limitaciones de financiación para hacer frente a los gastos en competencias de las comunidades autónomas y los problemas de un sistema complicado y poco transparente. En la financiación actual entran en consideración fondos distintos. El de garantía de los servicios públicos básicos es el más equilibrado, mientras que el reparto de los fondos de suficiencia, de competitividad y de cooperación no siempre ayudan a un reparto equitativo. La distribución de la financiación por habitante es desigual. Las comunidades más pobladas reclaman más recursos, mientras que otras reclaman financiación adicional por una población envejecida o por la dispersión de esa población.

Sería necesaria una armonización fiscal para evitar distorsiones entre territorios y desde esa armonización pensar en una mayor cesión del Estado a las comunidades autónomas de su capacidad tributaria.

Es peligroso pensar que se hacen útiles los partidos regionales o cantonales para jugar en el tablero de la política nacional. En la actual legislatura, de los 350 escaños del Congreso de lo Diputados, unos 40 están ocupados por partidos regionalistas o nacionalistas y hay plataformas políticas que ya ocupan espacios en los Parlamentos autonómicos. Esa territorialización del Congreso dificulta el funcionamiento institucional. El cantonalismo entonando «qué hay de lo mío» erosiona la cohesión de un Estado descentralizado.

La financiación autonómica se vincula a la estabilidad de las Administraciones, al adecuado nivel de corresponsabilidad fiscal y a la sostenibilidad del Estado de Bienestar y debe tener como referente la equidad, donde entra en consideración la financiación y los índices de renta. Equilibrar equidad y solidaridad no es un problema menor.

La equidad se concreta en la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos sin perjuicio de que esas prestaciones puedan modularse por el uso que las comunidades hagan de sus competencias fiscales. Y la solidaridad, en que las regiones más ricas deben aportar más, sin que ello comprometa su propio desarrollo.

El nuevo modelo de financiación que concrete el volumen de recursos y los criterios de reparto deberá esperar. El clima político actual no propicia el acuerdo para ese objetivo.