Financiación autonómica

No es fácil ponderar determinadas variables (población, grupos de edades, población en edad escolar, dispersión, superficie, insularidad) para acordar criterios de reparto, fundamentalmente del Fondo de Garantía de Servicios Públicos y concretar el futuro de otros Fondos que se han creado con el tiempo para ajustar determinadas situaciones, al no actualizarse el sistema de financiación: Fondos de Suficiencia, de Convergencia, de Competitividad, de Cooperación, de Compensación Interterritorial…

Los principios para conseguir la suficiencia para financiar los servicios transferidos serían: coordinación, autofinanciación, solidaridad, transparencia, corresponsabilidad fiscal, lealtad institucional y equidad. La Comisión de Expertos creada en enero de 2017 para formular un nuevo modelo de financiación autonómica tenía en cuenta esos principios, incluido el de reforzar el estado de bienestar.

En esa necesaria reforma, debieran estar presentes objetivos básicos como el de trabajar por la igualdad y contra cualquier privilegio desde acuerdos multilaterales para avanzar hacia la cohesión territorial. La federalización de la financiación autonómica no puede conducir a crear desigualdades.

El modelo de financiación autonómica define el modelo de país y colabora a vertebrar el país desde un sólido estado de bienestar; cohesiona a los diferentes territorios y redistribuye con criterios de progresividad la riqueza nacional garantizando servicios públicos en igualdad de condiciones, o puede generar inequidades indeseadas por una utilización torticera de la corresponsabilidad fiscal para distorsionar la competencia.

La competencia desleal desde la fiscalidad altera la cohesión territorial y suele ser una práctica contraria al mantenimiento de la educación y la sanidad desviando la financiación hacia la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos. El objetivo de la reforma debiera ser corregir las disfunciones que se han manifestado durante la vigencia del actual sistema. En este tema lo exigible es encontrar principios de consenso que defiendan intereses generales.

El Gobierno de España ha propuesto a las Comunidades Autónomas una condonación de 83.252 millones de su deuda con lo que ahorrarían 7.000 millones de intereses. La deuda en el conjunto de territorios es de 330.000 millones de euros; el 60% de ella es con el Estado a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). En los casos en los que la deuda no es con el FLA sino como con los mercados, se ofrece la condonación con otra fórmula. Un acuerdo en el tema de la condonación de la duda y la aceptación de las entregas a cuenta para 2025 (9,5% más que el año anterior), sería una buena señal para activar la negociación de la financiación autonómica.

De momento, los líderes territoriales, que no han votado en contra de la condonación de la deuda, se mueven en la ambigüedad que les ha enseñado Feijóo. Sus teóricos orgánicos de aquí, ya han escrito que eso de la condonación de la deuda no es útil para Cantabria, aunque no he leído que acusen al Ministerio de Hacienda de no presentar una condonación objetiva y transparente ni han presentado fórmula alternativa a la negación. Son raros de entender estos señores, porque tres de las cuatro regiones más beneficiadas están gobernadas por el PP y a Cantabria se le condonaría una deuda de 809 millones de euros. Feijóo dirá que no a todo lo que proponga el actual gobierno, pero la adhesión a la condonación de esa deuda es decisión de cada Comunidad Autónoma y sabrán lo que hacen.

El sistema vigente ha funcionado razonablemente bien y se ha adaptado a las circunstancias sociales y económicas, pero es complejo, poco trasparente y de difícil comprensión para el ciudadano. El sistema de fondos termina por alterar los repartos y los componentes políticos en la práctica modifican los aspectos técnicos.

En la práctica no ha generado una igualdad aceptable en recursos por habitante, pese a los fondos, ajustes y variables utilizadas y no se han articulado bien los mecanismos de una equilibrada corresponsabilidad fiscal. No se han evitado las distorsiones de la competencia territorial porque, en ocasiones, se ha hecho un uso inadecuado de esa autonomía y corresponsabilidad fiscal.

Más allá de la complejidad y dificultad derivada de aspectos técnicos, de los criterios de justicia distributiva y de los intereses de las diferentes Comunidades Autónomas, un nuevo sistema de financiación autonómica requiere un acuerdo político que no parece cercano. Algunos viven tranquilos oponiéndose a todo lo que proponga el gobierno de España. Las reuniones de las CC AA y la administración Central no son siempre un modelo de respeto institucional.