Gobierno en Cataluña

El independentismo catalán ha reducido la definición como identitaria a una sociedad que ha reiterado su pluralismo social y político. La mayoría de los votantes de esa sociedad catalana dijeron al independentismo que habían perdido la confianza en ellos y no obtuvo la mayoría en las urnas, lo que no sucedía desde 1980. Aunque esos resultados no supongan que se haya diluido la base social del soberanismo en Cataluña.

El socialismo catalán y el socialismo español han compartido la defensa de la autoridad de la Generalitat y han trabajado para que la institucionalidad catalana se percibiera como un instrumento capaz de afrontar con rigor la solución de los problemas de la ciudadanía, mientras el PP delega en el poder judicial la posible solución del desafío soberanista. El PSOE, desde el rigor constitucional, ha asumido que fuera el resultado electoral quien recondujera el problema. Avanzar en una mayor federalización de la estructura del Estado, quizá fuera un camino por explorar, aunque con la polarización del panorama político español no es posible ese camino.

Una parte del soberanismo catalán ha mantenido su ensimismamiento y ha despreciado a la mayoría de la sociedad catalana que el pasado 12 de mayo eligió a una mayoría no independentista que pensaron que no se trataba de reeditar un nuevo procés, sino de gestionar los intereses de la mayoría de catalanes y catalanas.

Los resultados del PP en Cataluña no fueron malos, aunque no alcanzaron los de 1995 y 2010. Pero tratar de vivir de forma interesada y permanente del procés y enfrentar a Cataluña con el resto de España, conduce al PP a la irrelevancia. Es el plan deslegitimador gestionado por el PP actual. El PSOE trabajará por mantener su actual mayoría parlamentaria, aunque mantenerla en el Congreso sea una tarea tan ardua como encontrar el santo grial. La guerra entre Junts y ERC, puede quebrar cualquier acuerdo pragmático entre los socios parlamentarios de la investidura.

La Ley de amnistía concluyó su tortuosa tramitación parlamentaria cumpliendo los pasos que marca el régimen constitucional y entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio de 2024. El poder legislativo ha cumplido con su trabajo y ahora el poder judicial debiera hacer su tarea y olvidar aquellos días en los que grupos de jueces se manifestaron ataviados de togas y puñetas y, como auténticos hooligans, jalearon sus particulares hurras contra el gobierno de España.

Ha sido y es noticia el acuerdo entre el PSE y ERC que recoge la demanda histórica de una nueva financiación singular en Cataluña por la que la Generalitat podría recaudar, liquidar, inspeccionar y gestionar los impuestos, cuantificándose los costes de los servicios prestados por el Estado en Cataluña y garantizándose la solidaridad con el resto de España, un modelo que requiere la reforma de textos legales y plantea, lógicamente, si el Gobierno dispondrá de la mayoría parlamentaria suficiente para esas reformas para que Cataluña salga del régimen común de financiación. En todo caso, se sabe que el actual sistema de financiación de las CC AA necesita ser revisado y actualizado y concluir cómo se aplican los actuales fondos de garantía, de suficiencia, de cooperación y de competitividad, para conocer los grados de nivelación en todas las CC AA, porque no todas las Comunidades aportan lo mismo y no es la misma la presión fiscal en todos los territorios.

El modelo, no igual, pero de referencia, es el de Euskadi y Navarra, con la diferencia sustancial de que el modelo de estas dos autonomías tiene su anclaje en la Constitución (Adicional 1ª) y el modelo pactado entre el PSC y ERC es el deseo de una aspiración histórica de Cataluña nunca bien resuelta. La pregunta clave de ese acuerdo es si se garantiza la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de servicios públicos en toda España.

Hay coincidencia en que quien más competencias y fiscalidad cedió a Cataluña fue Aznar en su negociación con Pujol en el Pacto del Majestic de 1966. El PP en 2010, con Alicia Sánchez Camacho, defendió «mejorar la financiación singular de Cataluña» y Feijóo comentó esa posibilidad en 2016 incluso con forma de concierto y la mantuvo el PP en la última campaña electoral catalana.

Hay dudas de cómo y cuándo se podrá aplicar este acuerdo pactado entre el PSC y ERC y sería deseable que no se cuestionara la actual organización territorial del Estado más allá de lo razonable y que el PP tuviera, por una vez, visión de Estado.