Inquietante legislatura

La derecha solo está interesada en atacar al 'sanchismo' en las instituciones y en la calle. Favorecer la concordia civil y la cohesión territorial no le importa demasiado; lo que le interesa es la zozobra y el mensaje grueso. Si a ello se une la irresponsable posición de Junts y de Podemos, se llega al punto de comprometer el cobro de millones de fondos europeos. Junts no es un socio fiable para el gobierno y tampoco lo es Podemos.

¿Por qué iban a comprometerse todos ellos votando a favor de la revalorización de las pensiones; para avanzar en la eficiencia digital y en informatizar la administración de justicia; para paliar los peores efectos de la inflación; por el transporte gratuito para determinados colectivos o mejorar las prestaciones por desempleo; para conciliar la vida familiar y laboral; para una mejor planificación estratégica y un mejor desarrollo de la carrera profesional en la función pública; para incentivar los beneficios del mecenazgo…?

Ninguna alternativa hemos escuchado del señor Núñez Feijóo, que no podrá volver a mentir afirmando que siempre estuvo a favor de revalorizar las pensiones. Y todo ocurre en un panorama que el profesor Víctor Lapuente ha descrito como de guerra política y paz social. Aunque los tractoristas se han empeñado en romper la paz social ¿Solo es posible la defensa de la nación española desde el autoritarismo? Pues si es así, mal vamos.

El líder del PP ha llegado a deslegitimar el papel del Congreso como institución donde reside la soberanía popular, porque al parecer esa soberanía popular solo le corresponde a él. Su estrategia es movilizar la calle en una deriva política desafiante muy peligrosa. Y en esa cascada de improperios un responsable del PP afirmaba que el Tribunal Constitucional es «un cáncer del Estado de Derecho».

El poder judicial parecía estable, pero una parte ha entrado en ebullición. Jueces atornillados en el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado y algunos de tendencia conservadora, ejercen una dura oposición al gobierno. Son esos jueces los que hablan de la abolición del Estado de derecho y del principio del fin de la democracia. ¿Estarán pensando en la utilidad de un nuevo Tribunal de Orden Público?

Es peligroso que Núñez Feijóo nos odie a la mitad de los españoles por no identificarnos con sus ideas y prácticas políticas. Quizá por ello, apalear a un muñeco que quiere representar al presidente del Gobierno le parezca normal, porque así se manifiesta la libertad de expresión. Se puede insultar y llamar dictador al presidente del Ejecutivo, pero nada se puede decir de un juez a punto de jubilarse y si se dice informaremos a Bruselas para que castigue al país.

La acción del Gobierno, obligada en algunos casos por quienes apoyaron su investidura, no es perfecta y son criticables los acuerdos con Junts. Esa acción de gobierno quiere promover la mejor convivencia y alcanzar las mayores cotas de bienestar y se trabaja política y socialmente por conseguir esos objetivos. Pero el Gobierno no pude dar las cosas por sabidas y no explicar cuándo o por qué se hacen algunas. Sostener la mayoría parlamentaria en esta legislatura va a ser muy difícil y complejo y en algunos momentos se manifestará imposible y por ello habrá que desistir de trenzar filigranas para alcanzar acuerdos que son incomprensibles.

La mayoría ciudadana expresó con su voto el apoyo a diferentes opciones políticas, manifestando así el acuerdo con el actual gobierno de coalición y evitar que España se sumara a la corriente de la derecha radical demasiado presente en la Europa actual. Frente a esa derecha radical, los gobiernos progresistas defienden sus territorios y poblaciones como islotes pendientes de que no les llegue la pandemia circulante.

Se tiene derecho a criticar la política del adversario, pero no a convertir la política en un lodazal o en un campo de batalla donde batir al que no sea de los nuestros, como hace la derecha conservadora española.