Ley por el derecho a la vivienda

La Ley pretende ser útil y consolidar un nuevo pilar del Estado de Bienestar, cumpliendo el mandato constitucional de promover desde los poderes públicos las condiciones para hacer efectivo el derecho de los españoles a una vivienda digna. No es una Ley menor y es un texto legal complejo, porque reconoce la función social de la propiedad de la vivienda, porque conceptúa lo que se entiende por vivienda asequible incentivada para incrementar la oferta, porque regula incentivos fiscales para favorecer la reducción de precios del alquiler y para quienes pongan viviendas en alquiler a precios asequibles, porque trata de evitar que alquilar una casa en la mayoría de las ciudades españolas sea cada vez más difícil, porque protege a familias vulnerables frente a los desahucios, porque trata de asegurar el control de las transacciones inmobiliarias de viviendas de protección.

La realidad a la que se enfrenta la nueva ley es la necesidad de ofertar más viviendas de alquiler a precios razonables, tratando de alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda y, simultáneamente, evitar que con las medidas previstas se reduzcan las viviendas en alquiler o que aparezca un mercado negro; evitar que los límites de precios puedan reducir la oferta, mientras que la demanda se mantiene estable o tiende a crecer.

La solución al problema de la vivienda nunca se ha dicho que fuera fácil, y más en un país que acoge a 80 millones de turistas internacionales, especialmente en los meses de verano, que buscan espacios habitacionales en hoteles o en viviendas con alquileres temporales.

La ley estatal define lo que debe entenderse por vivienda vacía e introduce el concepto de 'gran tenedor' de inmuebles urbanos de uso residencial y son objetivos de esa nueva ley el impedir que las viviendas subvencionadas con recursos públicos salgan del parque público. No se podrá enajenar el parque público de vivienda social y las viviendas protegidas promovidas sobre suelos de reserva para vivienda tendrán la calificación de protección permanente. La mayoría de esas viviendas subvencionadas serán de alquiler, que debe ser justo y equilibrado para satisfacer al propietario (sea público o privado) y al inquilino.

En las últimas décadas, 6 millones de pisos protegidos pasaron al mercado libre al expirar el plazo de protección. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en la etapa de Ana Botella, vendió a 'fondos buitre' 4.795 viviendas que estaban alquiladas.

Incentivar la construcción de nuevas viviendas en suelo público para ofertarlas en alquiler, es una medida en la dirección correcta, como lo es destinar a vivienda social 50.000 pisos acabados o pendientes de acabar o de rehabilitar, procedentes de la Sareb (banco malo), como lo es destinar 4.000 millones de los fondos europeos a generar algo más de 43.000 pisos sociales o la previsión de construir 20.000 pisos sociales en solares que fueron propiedad del Ministerio de Defensa y hoy son terrenos en desuso.

Todo ello servirá para constituir un verdadero parque de vivienda pública que no se pueda privatizar y desarrollar mejor los planes de vivienda y rehabilitación basados en la cooperación interadministrativa. Para impulsar el parque público de viviendas y avanzar en esos objetivos, deberá contarse con el sector inmobiliario como un aliado necesario.

Las administraciones autonómicas serán responsable de la declaración de zonas tensionadas, cuando los pagos de una casa, incluidos los suministros básicos, superan el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona, y de cómo corregir esos precios elevados que expulsan población de esas zonas o como regular los arrendamientos de uso distinto del de una vivienda habitual. Se trata de intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión.

Se dice que la nueva ley es excesivamente intervencionista, obviando algo tan elemental como es pensar en la eficiencia económica, que no es otra cosa que combinar la justicia social y la libertad individual y ello requiere la intervención pública en el mercado para conseguir lo que Keynes definía como «un capitalismo inteligentemente gestionado».