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Todavía hoy recordamos cuando en mayo y junio de 2020 en Madrid, se manifestaban contra el gobierno de España una tribu de 'cayetanos' y 'borjamaris', golpeando cazuelas, envueltos con todo tipo de parafernalia con los colores de la bandera de España, proclamando que las vacunas ... contra la covid 19 no eran necesarias y aplaudiendo a quien defendía la libertad para tomar cañas. Eran los mismos que se concentraban en la calle Ferraz en Madrid para rezar rosarios, gritar contra el gobierno de España y dar garrotazos a un muñeco con la cara del presidente del gobierno. Todo les salió gratis porque la judicatura responsable, peinada o despeinada, no se sintió concernida por estas minucias; estaban organizando concentraciones de togados a las puertas de sedes judiciales o felicitaban a magistrados famosos por sus insultos y declaraciones.
También es posible recordar a quien fue miembro de un grupo terrorista o hoy es un teórico del revisionismo histórico, que declara que «con Franco vivíamos mejor» (olvidó añadir 'algunos') y que «no hubo ni un solo demócrata en las cárceles de Franco». Cuando ocurren estas cosas, es normal que una organización llamada Manos Limpias acuse sin pruebas ni indicios a la esposa del presidente del gobierno. Se abre un procedimiento, pasan los meses y nadie da razón de lo que ocurre. Para determinados 'patriotas' todo vale en su particular manera de entender la política; «el que pueda hacer, que haga» lanzaba el líder de la foto de las Azores y el portavoz del PP en el Congreso proclamaba: «Nuestra obligación es echar a Sánchez del Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance». En ello están y se nota.
¿Es necesario regenerar ámbitos de la vida política española? Es mucho pedir, pero siempre será mejor solicitar lo necesario que lo inútil. Con personajes como el señor Tellado, portavoz del bulo, el insulto, el desacierto y la descalificación, es complicado encontrar formas diferentes de hacer política.
La gestión de Aznar cuando los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, quebró los consensos que existían sobre cómo enfrentarse a esa catástrofe civil y moral que supone el terrorismo y uno de sus amigos predilectos es hoy el cerebro de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, quien amenaza a periodistas («os vamos a cerrar, os vamos a triturar»). Del: «Que te vote Txapote» hemos pasado al «Pa`lante» acompañado el grito con predicciones judiciales que, curiosamente, se cumplen.
En este escenario, un juez del Tribunal Supremo envía a la Guardia Civil a registrar el despacho del fiscal general del Estado para que intervenga carpetas, teléfonos, ordenadores, móviles y demás archivos donde se guardan pruebas de delitos, datos de personas, comunicaciones secretas de Estado, investigaciones reservadas y todo ello para dar satisfacción a un señor que ha reconocido a través de su abogado fraudes fiscales de más de 350.000 €. Al fiscal general del Estado se le imputa desmentir un bulo aireado desde el entorno de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. La misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ordena esa investigación al Fiscal General, se mantuvo callada cuando el octubre de 2019 se filtró antes de hacerse público, el contenido de la Sentencia que condenaba a los líderes independentistas catalanes.
Isabel Natividad Díaz Ayuso, la expresión más genuina del trumpismo y personaje clave de la derecha en España, repite que vivimos: «En un Estado policial donde los derechos y libertades civiles están restringidos, y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poco o ninguna supervisión judicial… el Ejecutivo está ejerciendo un control excesivo y autoritario sobre la ciudadanía… las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno».
Por eso las cárceles españolas están a rebosar de disidentes políticos, la derecha se manifiesta contra el gobierno de España de vez en cuando y no pasa nada cuando el portavoz parlamentario del PP de Madrid acusa al Gobierno de España de ser «una mafia».
Ante la catástrofe de lo ocurrido en España y mientras se buscaban cadáveres, la derecha política culpaba de todo ello a la Administración General del Estado (esa derecha política se olvida de que las Comunidades Autónomas, también son Estado). Lo sigue haciendo hoy. Son tan miserables que politizan el lodo y los escombros con mensajes de odio. Sienten pavor ante Vox y demás compañeros mártires que les pisan los talones electorales. Un ultracatólico escritor llamado José Manuel de Prada escribía: «España es un estado fallido gobernado por hijos de la grandísima puta… tendríamos que ahorcarlos». ¡Valiente carcamal! El país no se merece esta carcundia con fuerte olor a fruta podrida.
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