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Nos hemos dotado de una Constitución con una amplia descentralización política, pero no hemos anclado un proyecto integrador que desactive intentos de ruptura, demandas independentistas unilaterales o propuestas recentralizadoras. Sobra escepticismo y falta convicción en la legitimidad institucional. Si aceptamos la Constitución, debiéramos aceptar un ... sistema de convivencia con sentimientos nacionales diversos, pero no excluyentes. Después de autoproclamarse defensores de la Patria y la Constitución, no se entiende el rechazo del PP a la diversidad lingüística, cultural, política y social de España.
La historia no acabó con la derrota de Feijóo en su intento de investidura; no le derrotó la amnistía, ni el 'encaje territorial' de Cataluña, sino sus mentiras, su falta de compromiso con decisiones progresistas, y con medidas que beneficiaban a una mayoría de personas, su falta de programa de gobierno y de proyecto integrador para España y su entrega incondicional a Vox, salvo en Cantabria donde ese papelón lo hace el regionalismo agonizante. Nuñez Feijóo articula un acuerdo de futuro incluyendo en el Código Penal un delito que él llama de 'deslealtad constitucional'. Las vísceras se vuelven a imponer a la razón.
Si la historia continua, lo que importará será asistir a la investidura del candidato Pedro Sánchez, con un realista programa de gobierno que contribuya a la convivencia y a superar errores que se cometieron en el pasado.
Una clave del problema territorial es cómo modular la concentración del poder en Madrid, una concentración que se impulsa desde los sectores privado y público y que hoy lidera un 'ayusismo' tronante con el apoyo de determinados medios comunicación y concretos sectores financieros, mientras la periferia conservadora acepta esa fuerza centrífuga y cantonalista a la madrileña. El gasto por habitante y año en políticas sociales fue en 2022 de 3.629 € en Extremadura y de 2.399 € en Madrid, donde se toman cañas en libertad y donde menos se invierte en sanidad, educación y servicios sociales.
Quedan lejos los tiempos del patriota Aznar cuando hablaba catalán en la intimidad, se refería a ETA como el Movimiento Vasco de Liberación, indultaba a 15 miembros de la organización terrorista Terra Lliure, hablaba con acento tejano con George W. Bush o autorizaba acercar a 180 presos etarras a cárceles del País Vasco. ¿Quién y con quien se firmó en 1996 el Pacto del Majestic después de haber escuchado en la calle Génova lo de «Pujol, enano, habla castellano»?
Ahora son tiempos de utilizar de forma sectaria la Constitución y las Instituciones contra quien mantenga una posición política diferente, y de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque el objetivo es fomentar la crispación y agitar la calle. Nadie ha escuchado a Aznar utilizar su energía dialéctica para criticar las posiciones políticas de Vox. ¿Qué ha dicho Aznar sobre la pretensión de Vox de ilegalizar a los partidos con quienes él negoció?
Junts per Catalunya es una organización heredera de la trama pujolista y del desconcertante Arthur Mas, que depende de un extravagante personaje huido de la justicia. Junts hubiera preferido un gobierno del PP y Vox, evitar tener que decidir con sus siete votos y repetir su discurso de que con España no es posible avanzar y que la única vía para solucionar los problemas de Cataluña es la independencia. La responsabilidad de Junts en la investidura del próximo presidente del gobierno es muy superior al apoyo electoral obtenido.
Una medida de gracia como la amnistía para obtener apoyos para la investidura, será aceptable y digerible con una explicación extensa e intensa, que de esa decisión se deduzca un compromiso cierto para la convivencia social y política en Cataluña, que revierta la excepcionalidad del 1 de octubre de 2017 y que se renuncie a la unilateralidad porque las aspiraciones independentistas retornan al cauce democrático y no deducir que es el Estado quien pide perdón. Se deben acotar los hechos y personas a quienes se va a aplicar y justificar de forma inequívoca por qué se dejan sin pena los delitos cometidos con ocasión del 'procés', porque en aquellos días hubo delitos y faltas y hay 300 cargos públicos pendientes de juicio. Si no hubo delito alguno, no hay nada que amnistiar; lo acontecido en el pasado, ni Dios lo puede cambiar.
Una medida de gracia deberá reforzar la democracia y la convivencia e ir acompañada de compromisos. Sería muy deseable que el PP abandonara su relato neofranquista de 'España se rompe', 'la calle es mía' y 'que te vote Txapote' y que el PSOE hiciera lo posible por incorporar al PP al debate de un proyecto compartido. Sin grandes consensos no hay solución a los grandes retos de interés general.
Coincido con José Andrés Rojo: «sin reconciliación y sin un proyecto común, no hay amnistía que valga». Si seguimos oyendo «lo volveremos a hacer» no se aceptará socialmente el valor sanador de una medida de gracia, que, en todo caso, no puede blanquear al pusilánime Puigdemont que huyó de la justicia escondido en el maletero de un coche amigo.
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