Singularidad de Cataluña

Seguramente el contenido más complejo es el relativo a la singularidad fiscal: la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Cataluña y Cataluña aportará una cantidad a las arcas del Estado por los servicios que el Estado presta en Cataluña y aportará una cantidad en concepto de solidaridad con las comunidades autónomas con menor renta, manteniendo el principio de ordinalidad, por el que los fondos de compensación o mecanismos de nivelación no pueden alterar el orden de puestos en el nivel de renta per cápita de las entidades descentralizadas; quien más recibe no superará a quien más aporte.

Entiendo que seguirán siendo impuestos estatales cuya gestión se delega en la Generalitat, algo previsto en el Estatuto de Autonomía y la normativa reguladora seguirá siendo estatal; algo diferente a los territorios forales, donde la competencia es originaria porque así está previsto en la Constitución.

Frente a la ofensiva del PP, donde los matices no existen, deberán explicarse bien las particularidades de esa financiación singular para poder concretar si estamos ante un concierto fiscal o ante otra categoría de singularidad fiscal, de difícil ejecución si nos atenemos a la actual aritmética parlamentaria. La singularidad fiscal para Cataluña no es un tema pacífico para todas las Federaciones del PSOE.

El llamado cupo, concierto o singularidad no es en si mismo un elemento progresista; lo progresista es la igualdad y si añadimos que se debe avanzar hacia un mayor federalismo, se puede aceptar si se completa diciendo que el federalismo exige igualdad y solidaridad. Los principios de solidaridad, multilateralidad e igualdad siguen estando vigentes para los socialistas españoles, aunque su plasmación varíe en las formas.

El modelo de cupo o concierto, el PP catalán ya lo colocaba en su programa electoral en 2012, y en 2016 Feijoo decía: «No es fácil explicar que a Cataluña no se le dé un concierto, cuando lo tienen los vascos y navarros. Esas cosas se pueden cambiar y discutir». En 2012 y en 2016 no se rompía España, pero hoy desde cualquier rincón, debate, columna o plataforma conservadora se grita que España se rompe y se desencuaderna.

Sin cupo ni concierto, la comunidad autónoma de Madrid presidida por la 'frutera' Sra. Ayuso ha utilizado la competencia fiscal a la baja para convertir ese territorio tan español en el paraíso de la singularidad fiscal para las rentas altas. Madrid, el paraíso para los muy ricos, quizá no necesite un concierto bilateral. Andalucía pedirá su concierto sobre la base de ser un territorio expuesto a la sequía y al cambio climático; Baleares ya tiene un régimen fiscal especial; Canarias dispone de una régimen económico y fiscal propio; Galicia y Castilla y León alegarán la dispersión de su población, y Valencia, su infrafinanciación actual; se escucharán otras 'singularidades' como la extensión territorial, la orografía, el envejecimiento de la población. Otras CC AA defenderán como único criterio rector el de la población. Las posiciones de las diferentes comunidades autónomas se manifiestan hoy casi como irreconciliables.

Salvador Illa no tiene la varita mágica para deshacer entuertos que proliferaron en la Cataluña de los últimos quince años, con el aplauso de una derecha más españolista que española y más aficionada al aspaviento que a la solución de los problemas. Es posible que estemos ante un cambio de ciclo en Cataluña. Si así fuera, la mayoría debiéramos empujar sin atropellos para que el ciclo tenga un desarrollo sosegado, abandonando por un tiempo la depresión política que nos acompaña y esa retórica inflamada que solo nos conduce a la inútil melancolía de lo imposible. Prefiero las ideas al insulto y el diálogo a la bronca; en política es mejor lo práctico que lo retórico y pensar que lo sensato es lo posible.

Se desconoce si el PP está por la labor, pero es el momento de revisar la financiación de todas las comunidades autónomas, sin eliminar al Estado como garante del reparto de recursos. El sistema de financiación autonómica, caducado en 2013, necesita reformarse y actualizarse para afrontar la diversidad de un país con desigualdades territoriales; que asuma que no hay autonomía y federalismo fiscal sin corresponsabilidad en el gasto y en los ingresos y una mayor cohesión territorial que evite tentaciones de cambios estructurales en el modelo de Estado debido a coyunturas electorales.