Urgente: renovar el CGPJ

La argumentación de Feijóo de que hay que modificar el sistema de elección de los vocales de extracción judicial del Consejo, sistema actualmente atribuido por ley a las Cortes Generales, es una argumentación obstruccionista para negarse de esa forma a cumplir con la Constitución.

La irresponsable conducta del Partido Popular está haciendo imposible nombrar a nuevos magistrados que cubran las vacantes que se han producido en algunos órganos jurisdiccionales en la cúpula de nuestro sistema judicial.

No hemos visto manifestaciones de los jueces con toga y puñetas poniendo de manifiesto este desafuero constitucional del Partido Popular, que puede conducir a un colapso del sistema del que ellos forman parte. Tampoco hemos visto manifestaciones marianas predicando que el PP corrija su posición.

El PP pretende activar la negociación con el PSOE y para llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ, ha propuesto un nuevo procedimiento en el que la Comisión de la Unión Europea actúe desde Bruselas como mediador. De momento, nadie nos ha explicado por qué el Partido Popular traslada a una instancia supranacional, un debate que debiera desarrollarse en España, y más absurda aun es la pretensión de los populares españoles de obtener nuevas reglas, cuando las reglas para solucionar el posible conflicto hoy están definidas. Con la mediación de la Comisión Europea se han celebrado algunas reuniones sin acuerdos finales.

Se lo dijo la Comisión Europea a España en 2020 cuando publicó su informe sobre el estado del derecho en España y señaló que la prioridad debiera ser la renovación del CGPJ. En 2021 la Comisión Europea reiteró esa prioridad y lo repitió en 2022 y 2023, añadiendo que España inmediatamente después de la renovación del Consejo, debía reformar «el proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia». La idea de la Comisión de la Unión Europea era evidente: primero renovar y después reformar. Pero el Partido Popular no lo quiere entender.

La propuesta de la Comisión Europea coincide con la tesis del Consejo Europeo a través de su órgano consultivo conocido como Comisión de Venecia, que ya en 2016 había dicho que los Consejos de la Magistratura deben tener una composición mixta y equilibrada, incorporando tanto a miembros procedentes de la carrera judicial como de otras ramas jurídicas; «una parte importante de sus miembros debería ser elegida por el poder judicial propiamente dicho».

Quizá en el futuro haya que corregir en España que todos los vocales sean elegidos por el Parlamento, pero nadie pondrá en cuestión que el criterio expuesto por las instancias europeas es el previsto en nuestra Constitución para formar parte del CGPJ: de sus 20 vocales, 12 serán de extracción judicial y los 8 restantes deben ser «abogados u otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión».

La dificultad para llegar a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en el Parlamento español reside en el tema de que los vocales procedentes de la magistratura sean elegidos por sus homólogos. La concreción del sistema de elección de los que procedan del poder judicial quedará establecida, en su momento, en la Ley Orgánica que regule ese sistema de elección, valorando que la soberanía nacional reside en las Cortes, porque los 8 vocales juristas serán elegidos por las Cámaras legislativas por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros.

Es evidente que hoy lo urgente y exigible es que el Partido Popular desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y después corresponde al PSOE proponer la reforma legislativa que recoja el sentido expresado por las instancias europeas, es decir, los propios jueces elegirán a 12 vocales del CGPJ, tal y como se hacía hasta 1985, cuando esa competencia se atribuyó a las Cortes Generales.

El PP mantiene paralizada la renovación del órgano de los jueces y no tiene interés en su renovación; se mantiene en el incumplimiento de la Constitución y cualquier asunto le sirve de disculpa para tratar de justificar su interesado y torpe discurso. La posición de quien ha actuado como mediador sigue siendo la misma: primero y con urgencia renovar y después dialogar para reformar el sistema, pero el PP ya ha dicho que, al menos, hasta después de las elecciones europeas no será posible acuerdo alguno.