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Cruzando los precios de los alquileres de viviendas y las tablas salariales, se concluye afirmando que el alquiler promedio de una vivienda de 90 metros ... cuadrados representaba en enero de 2013 el 34,4% del salario y en el año 2023 el 49,1% de ese salario. Como los salarios de los jóvenes suelen ser más bajos, en esos casos el alquiler promedio de una vivienda llega a representar el 77,2% de sus ingresos. España es un país de pequeños propietarios de vivienda, de tal forma que el 76% de su población reside en viviendas de su propiedad, valor que se incorpora al patrimonio de la clase media y de la clase trabajadora.
La vivienda es un derecho reconocido en España en la Constitución, pero con menos garantías que otros derechos vinculados al Estado de bienestar. El Parlamento Europeo, que se ha ocupado en diferentes ocasiones de este problema, aprobó una Resolución en 2021 reconociendo que «el acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental», porque el acceso a una vivienda se considera condición para acceder a otros derechos y a una vida digna. La vivienda es competencia de los Estados miembros y por eso no se ha incorporado plenamente a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Es importante el reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho fundamental y debiera ser considerado, además, como una inversión financiera. En todo caso, la regulación del sector no debiera ser restrictiva y ese reconocimiento del derecho a acceder a una vivienda digna no debiera limitarse a los grupos considerados como más desfavorecidos, porque el problema no afecta solo a familias, individuos y sectores sociales con ingresos bajos. El derecho debiera ser inclusivo para la mayoría, teniendo la dimensión y las características de lo que se entiende por un derecho fundamental y universal.
Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler es un problema en España que complica la movilidad laboral, impide que el ahorro se invierta en otros sectores de mayor rentabilidad, afecta a la educación y a la salud. Hablar en España de alquileres de mil euros mensuales es más que habitual. En los alquileres turísticos o de temporada, la libertad de las partes (al menos la del propietario) es absoluta.
En España, con dificultades y con diferencias, se intentan implementar políticas para aumentar el número de viviendas en alquiler, porque no existen en España verdaderos parques de vivienda de titularidad pública destinada al alquiler. Y para complicar las cosas, en España distinguimos entre vivienda social, de titularidad pública, tenencia temporal, sujeta a limitaciones de renta o venta, que podrá gestionarse por las administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro con fines sociales y vivienda protegida de precio limitado, que puede ser de titularidad pública o privada, sujeta a limitaciones de precios de renta y dedicada a satisfacer la necesidad de vivienda permanente.
Vivimos una grave crisis de vivienda y acceder a una digna y asequible en alquiler o en propiedad, si hay viviendas disponibles nuevas o de segunda mano, es una odisea social y una exigencia económica que pocas familias se lo pueden permitir. Los precios de la vivienda hoy, implica disponer de unos ahorros imposibles para una mayoría de hogares españoles. En las zonas urbanas aumenta el precio de compra, se genera mayor demanda del mercado de alquiler y se manifiesta un aumento excesivo de las rentas. La insuficiente promoción pública de viviendas, la selectiva oferta residencial y la regulación del sector, no han conseguido que la oferta residencial crezca de forma paralela a la demanda creciente. En la corrección de esa situación inciden diferentes agentes con distintos intereses que afectan a la tramitación de permisos y licencias y al precio de la oferta. Esos agentes con intereses no coincidentes son la propiedad de los terrenos, los promotores, constructores, agentes inmobiliarios, fondos de inversión, entidades bancarias y todas las administraciones con políticas propias y diferentes.
No es un problema de España únicamente. En Europa se trata de responder con mayor oferta residencial, intentando frenar la especulación de los fondos de inversión, frenando a las viviendas turísticas que limitan el mercado de la vivienda en los centros urbanos, ofertando alquileres sociales, disponiendo de parques de vivienda de titularidad pública …También en otros países aumenta la demanda y no siempre se responde de forma satisfactoria con la oferta residencial.
Las políticas públicas destinadas a la rehabilitación de viviendas y de edificios en ocasiones sin uso o a la recuperación de espacios ociosos o abandonados (en Santander es un ejemplo el Cabildo de Arriba) debieran servir para hacer rentables las inversiones, para mantener el parque actual de viviendas en buen estado o aumentar la oferta y mejorar la calidad y el valor presente y futuro de esas viviendas.
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Ana del Castillo
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