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Parece que a los regionalistas se les está volviendo en contra el acuerdo de investidura con el PP. Habían quedado casi noqueados por los resultados electorales, y en plena cuenta arbitral –no recuperados del golpe, aturdidos y tambaleantes– dieron en abrazarse a los populares, «a ... cambio de nada», para no caer de bruces en la lona. Fue en ese momento de escasa clarividencia cuando firmaron el compromiso que le permitía a Buruaga alcanzar el Gobierno en solitario, sin necesidad de tener que contar con Vox.
Parecía un ejercicio de responsabilidad, pero hasta ahora no ha dado ningún resultado porque Vox sigue ahí, presente, cual dinosaurio de Monterroso, defendiendo un ayer al que Buruaga y los suyos no le hacen muchos ascos. Por eso parece que el PP solo echará mano del partido de Revilla en momentos puntuales. Primero, PP y Vox unieron sus votos para derogar la Ley de Memoria Democrática, en cuya redacción tuvo bastante que ver el PRC. Después, Vox apoyará, con total seguridad, la reforma fiscal del PP, pese a que se les quede corta –a los regionalistas les parece inoportuna y dicen que «solo beneficiará a los ricos»–. Ahora, Vox ha registrado una proposición para implantar el pin parental en Cantabria y «poner fin al adoctrinamiento promovido desde las aulas» –recelando de la enseñanza pública y apuntando peligrosamente a dos institutos regionales–: la coyuntura obligará al PP a explicar su posición, dependiendo de la cual puede dejar de nuevo al PRC con el culo al aire.
Aunque quizá termine acostumbrándose y tales circunstancias no le perturben demasiado. El lunes acaba de votar junto con los dos partidos de la derecha para modificar una Ley del Suelo que ellos mismos habían aprobado con el PSOE cántabro hace apenas un año.
Es como si aún siguiesen tocados.
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