El desarrollo eólico,en el quinto intento

La peripecia eólica comenzó en Cantabria con un gran fiasco del que todavía no ha levantado cabeza. En la legislatura 2007-2011, la coalición PRC/PSOE en el poder proyecto el plan eólico como un gran hito socio-económico sin precedentes. Hasta 1.500 megavatios de potencia instalada en siete zonas geográficas, 2.000 millones de inversión directa, más los proyectos industriales que los promotores eólicos impulsarían con carácter obligatorio sufragados por las 'superprimas' que entonces se pagaban por esta energía renovable, la promesa de miles de puestos de trabajo y, de paso, algunos 'pelotazos' muy golosos en el horizonte. El cuento de la lechera no duró mucho porque los tribunales se cargaron el tinglado denunciado por los ecologistas de ARCA.

Cuando el PP de Ignacio Diego llegó al poder en 2011 no es que renunciara a la energía eólica, pero se lo tomó a título de inventario. Para empezar, un plan con la mitad de potencia del anterior y mucha cautela. Ya en plena crisis económica global, sin las primas de antaño, y el ecologismo vigilante, los aerogeneradores no ofrecían al PP gobernante demasiado atractivo. Cuatro años en blanco.

Tampoco el bipartito del PRC y el PSOE durante sus dos mandatos de 2015 a 2023 hizo una apuesta eólica muy decidida. Es cierto que avanzó en la tramitación de algunos parques, pero con lentitud y vaivenes, como en los proyectos de la comarca pasiega, de los que Revilla renegó cuando percibió la oposición política y social. En la primavera de 2022, a un año de las elecciones, el Gobierno de coalición oscilaba entre el estímulo para poner en marcha al menos el parque de El Escudo y avanzar la tramitación de algunos otros antes de las urnas y la preocupación por las protestas que se convocaban en los enclaves elegidos para los proyectos o la nutrida manifestación que recorrió por aquellos días los muelles santanderinos. Por algo Cantabria es una de las regiones más hostiles a la implantación de aerogeneradores. Al terminar el ciclo, no sopló ningún viento inaugural.

Toda la clase política cántabra, al menos la que tiene representación parlamentaria, apoya teóricamente la energía eólica y las demás fuentes renovables, pero no se ponen de acuerdo en su desarrollo. También coinciden los partidos, en privado, que la industria de los aerogeneradores crea muy poco empleo y da menos votos de los que quita, a juzgar por el evidente rechazo ciudadano. Y el sentir general es bien conocido: energía eólica sí, siempre que no sea en mi pueblo.

Pues así estamos. España superó la pasada primavera los 30.000 megavatios de potencia eólica instalada, el quinto país del mundo después de Alemania, Estados Unidos, China e India. Frente a esa pujanza nacional, Cantabria sigue en la cola del pelotón, sólo contabiliza los 35 megavatios casi testimoniales que produce en el parque de Cañoneras (Soba) inaugurado en 2008.

El Gobierno del PP que preside María José Sáenz de Buruaga se muestra decidido a avanzar en la energía eólica. El expediente de El Escudo ya está listo y la obra puede empezar este mismo invierno y hay otra media docena de parques con la tramitación encarrilada.

Luego habrá que ver si los plazos se respetan, si las movilizaciones, los tribunales o la incierta coyuntura económica no obstaculizan la materialización de los proyectos. Por un lado, las empresas eólicas piden la mayor agilidad posible para movilizan los 300 millones de euros de inversión disponibles en los siete parques previstos. Por otro lado, preocupan los vientos de crisis en el sector, con la amenazadora competencia china, con problemas financieros y técnicos, sin ir más lejos en la compañía Siemens Gamesa que opera en Reinosa.

La tramitación de los proyectos eólicos es en sí misma muy compleja, porque afecta a muy diversos ámbitos En el Gobierno de Cantabria intervienen al menos cuatro consejerías: la de Industria que dirige Eduardo Arasti, que ya le tocó torear desde el mismo cargo el plan eólico de Ignacio Diego hace nada menos que doce años; la de Medio Ambiente, a cargo de Roberto Media; la de Cultura, con Eva Guillermina Fernández, y la de Ganadería, con Pablo Palencia.

Todos tienen instrucciones de agilizar el trabajo. En realidad se trata de jugar bien las bazas del factor tiempo y en eso el PP lo tiene bastante claro: más vale acometer los proyectos arriesgados, como el desarrollo eólico, al principio de la legislatura que dejarlo para el final, de modo que la proximidad de las urnas añada tanto riesgo político que sucumba a la tentación del abandono. Una vez más.