Un despliegue institucional y un ratito de trabajo estéril

En el reciente Congreso Federal del PSOE, dedicado esencialmente a la exaltación de un Pedro Sánchez en apuros, para dar un poco de contenido al cónclave el presidente anticipó la creación de una gran empresa pública de vivienda, lo que viene a ser continuación del anuncio que hizo en 2023 sobre la construcción de 184.000 pisos públicos en España, un proyecto que apenas ha avanzado, entre otras cosas porque el Ejecutivo central no tiene ni una ley de vivienda actualizada ni suelo disponible para un objetivo de tanta envergadura, aunque el Ministerio de Defensa pusiera al servicio de la causa las cien 'remontas' que tiene en España. Al PP le faltó tiempo para descalificar la política de vivienda 'inventada' del PSOE de Sánchez, como la definió la alcaldesa santanderina, Gema Igual, en la Intermunicipal popular de Valladolid para defender la suya propia en la capital cántabra. Nada se avanzó en el encuentro de Santander.

También la financiación autonómica, otro de los temas incluidos en la Conferencia de Presidentes, mereció tiempo y atención en el congreso sevillano del PSOE hasta llegar a un documento nebuloso que intenta conciliar la bilateralidad del acuerdo entre el PSC de Illa y ERC para Cataluña y la multilateralidad, el 'café para todos' que exigen los demás barones territoriales.

Pedro Sánchez anuncia la negociación a partir de enero de la condonación de la deuda pública a las comunidades, una iniciativa que les parece sospechosa a los dirigentes del PP y a muchos del PSOE por venir de Cataluña. Emiliano García-Page, el eterno crítico del sanchismo, dejó claro en Santander que sólo hay dos opciones para la financiación autonómica: rendirse a lo que impongan Junts y ERC o un pacto de los dos grandes partidos, PSOE y PP, justo y equitativo para todas las regiones.

A saber cómo evolucionará este asunto y también la posición del PSOE cántabro que hasta ahora había apoyado muy servicialmente la financiación singular para Cataluña por creer que este modelo también favorece a los intereses de Cantabria. Bueno, será lo que diga Ferraz.

Los demás asuntos incluidos en la agenda de la Conferencia de Santander no transitan por caminos más tranquilos. Vox está dispuesto a frenar cualquier acercamiento del PP a los planteamientos del Gobierno en materia de inmigración con la amenaza del rechazo a los presupuestos en las autonomías en las que necesita sus votos. Ese dolor de cabeza se lo evita el Gobierno Buruaga mediante el pacto con el PRC de Revilla.

Por su parte, las carencias en la atención sanitaria que se constatan en toda España no es un asunto que se pueda empezar a resolver en un ratito de conversación entre el Gobierno central y las comunidades sino que es un problema estructural de gran calado. La propuesta gubernamental de incrementar la dotación a las regiones en 223 millones puede engrasar algún tipo de acuerdo.

Para Cantabria, la Conferencia de Presidentes se salda con el visible protagonismo de la presidenta anfitriona, María José Sáenz de Buruaga, y una suerte de premio de consolación, de obsequio de buena voluntad, la financiación compartida de La Pasiega entre el Estado y Cantabria. Al Gobierno de Cantabria le permite sacar pecho por haberle arrancado a Sánchez el 50% de la inversión en la visita de Buruaga a La Moncloa y al PSOE de Zuloaga presumir de que Sánchez y Óscar Puente no se olvidan de Cantabria.

Bueno, la mitad es mejor que nada, pero vaya diferencia con los tiempos en que la Unión Europea iba a financiar La Pasiega de principio a fin, o cuando luego se dijo que la pagaría entera el Gobierno de España. Habrá que confiar en que cuando se termine este buen proyecto de La Pasiega después de dos décadas de travesía tenga todavía una cuota de rentabilidad en el mercado logístico.

También ha tenido su premio la alcaldesa Gema Igual, y no del ministro de Transportes, Óscar Puente, que habla bien de ella en los medios aunque no le conceda todo lo que pide. La benefactora es la nueva ministra Sara Aagesen con su aval al segundo espigón de La Magdalena. Después de muchos cambios de criterio de unos y de otros, el Gobierno Sánchez ha terminado por desautorizar a la exvicepresidenta Teresa Ribera y al PSOE de Santander que se oponían al proyecto con apoyo de un sector ciudadano no muy numeroso. El asunto anima también el debate interno en la familia socialista.