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N o ganamos para escándalos. Todavía está muy vivo el de los trenes que no caben en los túneles, que provoca una larga variedad de chistes en toda España, cuando trasciende algo peor con la trama de corrupción destapada en la Consejería de Obras Públicas. ... Los dos episodios recientes, y el anterior de los contratos irregulares firmados por la directora general de Juventud, son distintos pero en algo se parecen: en el Gobierno regional nadie sabía nada hasta que trascendieron. Como poco, se constata una clara negligencia en el control y vigilancia de la gestión de las Administraciones, la del Estado y la propia, así que el ciudadano cabreado eleva al cielo una pregunta retórica: ¿Hay alguien al mando?
La travesía hasta las elecciones de mayo se le está haciendo larga al Gobierno Revilla. La chapuza de los trenes no tiene solución a corto plazo, así que la oposición la explotará cuanto pueda en la campaña, pero al menos el acuerdo de compensación escenificado en Madrid, ceses notables y gratuidad del servicio, aliviaba la presión.
El temporal ferroviario no ha terminado, pero ya llueve menos. Empezaban a respirar en el Ejecutivo, cuando se le ha venido encima la trama de corrupción en torno al departamento de Obras Públicas que acrecienta el clamor ciudadano.
Un repaso a lo que se conoce del asunto, resguardado por el secreto de sumario en las primeras horas: un año de investigación judicial que moviliza a la Agencia Tributaria y la Policía, ocho detenidos, entre ellos un alto funcionario, varios familiares y los directivos de un puñado de empresas involucradas… Y nadie sabía nada en el entorno de la Administración, lo cual parece casi inverosímil. No se trata de que hubiera pruebas, pero quizá sí algún indicio, un run-run que diera pie a una pesquisa interna sobre los procedimientos de contratación. De hecho, en el gremio de los constructores anidaban desde hace tiempo las sospechas sobre la oscuridad en la adjudicación de los contratos para el mantenimiento de las carreteras.
El caso no corresponde a eso que Vox ha dado en llamar corrupción de baja intensidad cuando denuncia chanchullos en las consejerías y en las empresas públicas, sino que apunta a una trama corrupta de largo alcance con mordidas millonarias.
No hay una versión buena sobre este episodio. Si en el Gobierno no se enteraba nadie, malo; si alguien lo sabía y miraba para otro lado, peor todavía.
La oposición se aplica gozosamente a acelerar el desgaste de un Gobierno acorralado en vísperas de las urnas que dice no enterarse de nada hasta que los escándalos estallan uno tras otro. Al presidente Revilla y al consejero Gochicoa les piden que den en el Parlamento explicaciones y asuman responsabilidades políticas por el 'cártel' de las obras públicas.
Revilla reclamó, y terminó por conseguir, que rodaran cabezas de primer nivel por el bochorno de los trenes inservibles, y antes había exigido a su vicepresidente socialista, Pablo Zuloaga, que la directora de Juventud, Alicia Renedo, dejase el cargo por las contrataciones fraudulentas y así fue. Así que Zuloaga ha dejado caer suave pero intencionadamente, a modo de réplica, que el caso de Obras Públicas, un departamento en manos del PRC, también podría generar ceses o dimisiones.
Pero ahora Revilla y su partido se resisten a la depuración política. Hablan de actuar con transparencia, de que el funcionario implicado pague su culpa, pero hasta ahí. De momento, la responsabilidad queda acotada al ámbito laboral, al único 'garbanzo negro' entre los 440 probos empleados de la Consejería de Obras Públicas. Nada de responsabilidades políticas, al menos de momento.
El consejero José Luis Gochicoa hace de la necesidad virtud cuando dice que lo cómodo para él y para su vida personal y familiar sería dar un paso hacia el costado, pero que eso sería egoísta cuando el caso está todavía por investigar a fondo y que el presidente Revilla lo respalda sin fisuras, lo cual es verdad. Para Revilla entregar la cabeza de un consejero por un caso de corrupción a 13 semanas de las elecciones autonómicas y municipales sería un trance muy doloroso que quisiera evitar, siempre que la investigación del caso no genere más disgustos y que la presión de los partidos opositores y de la opinión pública sea soportable. Si no, Gochicoa tendría que servir de cortafuegos.
La verdad es que para el PRC el asunto podría haber sido todavía peor. José Luis Gochicoa formó parte del 'casting' que la cúpula regionalista evaluó hace unas pocas semanas para nombrar al candidato electoral al Ayuntamiento de Santander. De haber sido elegido, ahora él y su partido tendrían un problemita muy serio. Finalmente fue nombrado Felipe Piña, el director general de Transportes a quien el PP busca las cosquillas por la chapuza de los trenes, pero da la impresión de que esa responsabilidad le queda más lejana que la que afecta al consejero de Obras Públicas.
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